Comité Cívico de Cartago, Coalición Cívica de Costa Rica
ADVERTENCIA: ESTE DOCUMENTO Y LAS DENUNCIAS AQUÍ EXPUESTAS SE PRESENTARON DESDE EL 2 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2003,
ANTE EL DOCTOR OSCAR ARIAS, EL DR. FRANCISCO ANTONIO PACHECO Y OTRAS ALTAS AUTORIDADES DEL PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL. HOY SEIS AÑOS DESPUÉS NO SE HA DADO NINGUNA RESPUESTA AL CONTRARIO AL SEÑOR FRANCISCO MARÍN, SE LE NOMBRA COMO CANDIDATO A DIPUTADO DEL PLN, EN EL SEGUNDO LUGAR POR LA PROVINCIA DE CARTAGO, Y A OTRO DE LOS DENUNCIADOS ADRIÁN LEANDRO MARÍN, FUE NOMBRADO POR EL MISMO GRUPO DE VILLANUEVA-MARÍN, COMO REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL PRIMER DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO. Y HOY EN LA ACTUALIDAD GERARDO VILLANUEVA ASPIRA A SER NUEVAMENTE DIPUTADO POR LA PROVINCIA DE CARTAGO. A CONTINUACIÓN REITERAMOS TEXTUALMENTE LO EXPUESTO EN EL DOCUMENTO EN REFERENCIA CON TODAS LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES, PARA QUE SEPAMOS LAS BARBARIDADES Y LOS ALCANCES DE LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD POR LA QUE ATRAVESAMOS. JUZGUEN USTEDES.
COMITÉ ACCIÓN CÍVICA DE LA PROVINCIA DE CARTAGO
COALICION CIVICA DE COSTA RICA
VIERNES, 31 de julio del año 2009.
Señores
Comité Ejecutivo y Tribunal de Ética, Partido Liberación Nacional
Casa Liberacionista José Figueres
Señora
Laura Chinchilla Miranda
Candidata Presidencial
Partido Liberación Nacional
Señor
Rene Castro
Jefe de Campaña
PLN
Estimados señores:
La presente es para saludarlos de la manera más respetuosa y hacerles llegar a ustedes y al Tribunal de Ética del
Partido Liberación Nacional la siguiente denuncia para que sea del conocimiento, estudio y resolución del Honorable Órgano y actúen de acuerdo a los principios y Fundamentos de nuestro Estatuto Liberacionista.
Liberación Nacional, tuvo sus raíces en la década de los años 40, donde reinaba la turbulencia política,
producto del nepotismo, el fraude electoral, la persecución política, la corrupción y la impunidad.
En tan lamentables hechos, que en forma reiterativa se dieron durante esa época, provocó la aparición y participación de un grupo de jóvenes que se caracterizaron por el pensamiento y la defensa de los valores éticos y fundamentales de nuestra nación. No solamente dieron sus aportes al ideario nacional, sino que empuñaron valientemente con su sangre, las armas y expulsaron del poder a los fraudulentos, corruptos y saqueadores del Estado.
Este movimiento de liberación nacional y con la participación de lo más selecto de la sociedad costarricense,
dieron el origen al Parido Liberación Nacional que desde sus inicios, siempre se caracterizó por levantar la bandera de la moral, la ética, la educación, el desarrollo con justicia social y la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad.
Desafortunadamente, al cabo de los tiempos nuestro partido fue perdiendo sus horizontes, sus ideales,
su dignidad, abandona la lucha por los más necesitados y pisotea la bandera contra la corrupción. De ser defensores de esos ideales, nos convertimos en usurpadores en la acción, omisos y sumisos ante quienes ostentando altas responsabilidades en la función pública en el Gobierno, en la Asamblea Legislativa y en las Municipalidades, se dedicaron a desviar recursos y enriquecer irregularmente sus bienes personales, el de sus familias y el de sus amigos.
Tales situaciones reprochables se vinieron a presentar como por ejemplo; por medio de la
asignación y distribución de partidas específicas que aún cuando ya ese vicio fue superado, todavía quedan serias secuelas, en recursos que fueron desviados para otros fines, violentándose todas las disposiciones éticas y legales que regulaban dicha materia. Esos hechos incorrectos se vinieron a dar también con transferencias presupuestarias, ayudas comunales, asignación de proyectos de vivienda, evasión en el pago de impuestos y el otorgamiento irregular de patentes y permisos para la construcción de grandes obras y proyectos urbanísticos privados.
Obviamente, tampoco se puede omitir la desviación y sustracción de recursos en varios programas sociales y crediticios que hoy por cierto gozan de total impunidad.
Todas estas razones dentro de otras que han sido del conocimiento de las diferentes comunidades y de la opinión pública en general han venido provocando un deterioro y desprestigio a nuestro partido que nos ha llevado a la deserción de miles de partidarios liberacionistas y como consecuencia a las derrotas electorales sufridas durante los últimos años. Ejemplo de ello ha sido que desde el año de 1990, o sea de los últimos 20 años, solamente en años, los electores depositaron la confianza en el Partido Liberación Nacional.
Estas situaciones incorrectas acontecidas por dirigentes, desde las entrañas de nuestro propio partido han llevado al fracaso y dejado en la incertidumbre a Liberación Nacional.
Para hoy, el Partido requiere del saneamiento y adecentamiento de su dirigencia, de sus representantes populares y aún más devolverle la confianza y la credibilidad perdida por los electores y por la ciudadanía ante los errores cometidos. De eso dependerá el futuro del Partido Liberación Nacional y de los partidos en general. Nuestro Partido como otros requieren la acción inmediata para la trasformación ética de su Organización.
Fundamentados en lo anterior y el tener nuestro partido la reciente e importante responsabilidad en la designación de sus órganos superiores, acudimos ante ustedes para plantear nuevamente una serie de acontecimientos que a todas luces han ido en detrimento de los valores fundamentales del partido.
A mediado a la vez en todo esto, el hecho de que estamos en un buen momento para que se haga una revisión exhaustiva del las acciones de los liberacionistas que han ostentado cargos de elección popular en las municipalidades, Asamblea Legislativa y han asumido altos puestos en el Gobierno, transgrediendo el comportamiento básico de la ética en la función pública. Máxime que doña Laura, ha anunciado en estos días los lineamientos y principios que guiarán su campaña: afán de servicio publico, la integridad en cada uno de sus actos, la objetividad para tomar decisiones, la rendición de cuentas ante las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, la transparecencia, la racionalidad para proteger y conservar los recursos de la Campaña, tanto los provenientes de contribuciones privadas como aquellos financiados con la deuda política, debiendo utilizar los que les fueron asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando abusos, derroche o desaprovechamiento.
Uno de esos casos que hoy denunciamos es lo acontecido en la Municipalidad del Cantón Central de Cartago, donde los regidores del Partido Liberación Nacional de los dos cuatrienios anteriores, cometieron gran cantidad de irregularidades que hoy son ventiladas, en la Contraloría General de la República, en el Tribunal Supremo de Elecciones y en el Ministerio Público.
A continuación pasamos a hacer referencia a los siguientes hechos;
1-) Sustracción de recursos y peculado en los Festejos Populares
Municipales, Cartago 1991.
Ante las denuncias sobre las eventual malversación de fondos de los Festejos Populares Municipales, Cartago 1991, el Concejo Municipal del periodo, 1994-1998, tuvo que tomar el acuerdo, según el artículo 13, del Acta 61, del 17 de octubre de 1994, para investigar los hechos acontecidos, en donde estaban involucrados los regidores municipales liberacionistas y personal administrativo. Al estar involucrados y ser reelectos dos regidores liberacionistas, lo acontecimientos sucedidos en el periodo anterior no se les dio ningún seguimiento.
Ante la desatención y negligencia existente en el manejo de dicha investigación, El Concejo Municipal actual de Cartago, toma la determinación de investigar el asunto, según consta en el Artículo N°3 del Acta 52, del 30 de enero del 2003. Asimismo, según el oficio GPJM-120-2003, del 17 de marzo del 2003, del gestor del Proceso Jurídico Municipal, presentado ante el Auditor Municipal, Artículo 16° del Acta N° 64 del 25 de marzo del 2003, se expone el relato de los hechos y documentos investigados sobre el caso de dichos Festejos Populares Municipales, y se toma la decisión por unanimidad de remitir este caso al Ministerio Público. Según el Artículo 21°, del Acta N° 68 del 15 de abril del 2003, se conoce el Oficio AI-012-2003 del 7 de abril del 2003, del Auditor Interno Municipal, donde se expone un informe parcial de lo acontecido en la liquidación de dicho evento.
Tal asunto, se comprueba además, según Artículo N° 45, del Acta N° 78, del 27 de mayo del 2003, en donde el Auditor Interno, presenta los Oficios AI-016-2003, AI-002-2003 y AI-003-2003, que contienen los resultado obtenidos en dichas investigaciones. Tales informes fueron enviados a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía Adjunta de Cartago, Expediente 3664-2-01, del Ministerio Público. Los acontecimientos se refieren además en el: Artículo 25, del Acta 239 del 23 de julio de 2001, informe del Auditor Interno, Oficio AI-018-2001 y en el Artículo 43, se la Sesión N° 79, el 3 de junio del 2003. Toda la documentación relacionada a tales anomalías se encuentra disponible en la Secretaría General Municipal. Nótese el tiempo transcurrido y la impunidad existente.
2-) Partidas específicas en elecciones distritales.
En septiembre de 1996 el Ministerio Público condena al dirigente distrital, señor Rufo Meza, Presidente de la Asociación de Desarrollo del Distrito del Carmen, (sector norte) de Cartago, por el uso de partidas específicas giradas a dicha asociación en las elecciones distritales del Partido Liberación Nacional. Dicho dirigente del PLN, en ese momento era del equipo coordinador del precandidato a diputado de nombre Francisco Marín Monge. (Documentos en el Ministerio Público) Aún cuando hubo sentencia y condena por parte del Ministerio Público, el Partido Liberación Nacional, nunca tomó acción política alguna para sancionar dichos actos.
3-) Peculado, evasión y tráfico de influencias.
El Sindicato de Empleados de la Municipalidad de Cartago, en octubre del año 2000, presenta una denuncia contra el Presidente Municipal de ese entonces señor Francisco Marín Monge por cuanto construyó en lotes de su propiedad una serie de oficinas y consultorios para sus hijas de nombre Viviana y Mary Marín Madrigal, sin contar ni con los permisos municipales y sin pagar los
impuestos correspondientes. Dichas edificaciones se encuentran ubicadas en el Carmen de Cartago, sita 450 metros norte del costado oeste del Asilo de la Vejez. Tal acción irregular fue elevada a conocimiento del Concejo Municipal que al estar dominado por una mayoría liberacionista hace caso omiso de tal denuncia. Ante dicha situación, el asunto fue elevado por el Sindicato a conocimiento de la Contraloría General de la República y ante otras instancias quienes resolverán sobre el asunto. (Documentos en las Oficinas del Sindicato y en el Ministerio Público).
4-) Incendios de bodegas municipales con materiales comunales y mermas industriales.
El Comité Cívico Cartaginés, en marzo del 2000, plantea una serie de denuncias sobre la sustracción y uso de materiales del programa de ayudas comunales municipales en las elecciones distritales del Partido Liberación Nacional. Así como por la venta irregular de las mermas del Parque Industrial donadas a la Municipalidad de Cartago. Antes de dar inicio a un auditoraje del inventario en dichas bodegas, se provocan incendios con daños cuantiosos en las bodegas principales del Plantel Municipal, ubicadas en el Molino de Cartago y al día siguiente, daños totales en las bodegas instaladas en el edificio del antiguo matadero municipal, ubicadas en la carretera a Agua Caliente. Ante tales hechos premeditados incendiarios, se borran las evidencias de la sustracción de materiales municipales y El señor Presidente Municipal, de ese entonces, señor Francisco Marín Monge y los
regidores liberacionistas archivan el caso, dejando en la incertidumbre y la desazón a la comunidad cartaginesa. Todos estos hechos fueron de trascendencia pública.
5-) Sustracción de cheque por ¢ 6 millones de colones de RECOPE por impuestos municipales.
La Refinadora Costarricense de Petróleo hizo la cancelación de la suma de ¢ 6 millones de colones, girados a la Municipalidad del Cantón Central de Cartago. El pago se debió a la cancelación de impuestos y patentes municipales por el uso de los terrenos ubicados en el Alto de Ochomogo, donde se encuentran los planteles de Recope. El cheque en referencia fue retirado por el funcionario municipal, quien siguiendo instrucciones del Alcalde municipal, señor Héctor Castillo Salmerón y del Presidente Municipal, señor Francisco Marín Monge procedieron a cambiarlo y no reportarlo a las arcas municipales. Al asumir la nueva municipalidad de Cartago, procedió a hacer una investigación y la persona involucrada en el cambio del cheque y la sustracción de la suma millonaria se le dieron los pasajes para que se fuera del país y así no informar sobre los verdaderos responsables de dicha malversación. Toda la documentación se encuentra en manos de la Secretaría General y de la Auditoría Municipal.
6-) Pago ilegal de dietas por sesiones municipales desnaturalizadas, del Concejo Municipal anterior.
Según disposiciones del nuevo Código Municipal, Ley 7794 aprobado por la Asamblea Legislativa el 18 de mayo de 1998, Capítulo V, Artículo 35, las sesiones municipales ordinarias con derecho a el pago de la dieta debieron efectuarse una vez por semana, pero los concejales cartagineses, violentándose lo establecido en dicho Código realizaron dos y hasta tres sesiones ordinarias y extraordinarias por semana con el pago de dietas. El Código establece que: “ No podrá pagarse más de una dieta por regidor, por cada sesión remunerable”. Tal acción irregular fue impugnada por la Contraloría General de la República en diferentes oportunidades, según consta en el oficio 00612, FOE-MP-106 del 22 de enero de 2002. Lo anterior provocó el acuerdo municipal que consta en el artículo 66 del acta 291 del 19 de marzo de 2002 y en el oficio municipal de Recursos Humanos, DRH-101-2002 del 8 de abril del 2002, para establecer un depósito con rebajos en las dietas de los regidores que cometieron tal irregularidad.
Sobre el asunto, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Servicios Municipales de la Contraloría General de la República y según el oficio FOE-MP-929, con fecha 18 de diciembre de 2000, le había comunicado a la Secretaría de la Municipalidad de Cartago la; “Remisión de la Relación de Hechos RH-MP-14-2000, el cual contiene los resultados del estudio efectuado a esa Municipalidad, relacionado con la calendarización de sesiones extraordinarias del Concejo Municipal. Lo anterior para que un Órgano Colegiado disponga el inicio de los procedimientos administrativos por eventuales responsabilidades en razón de los hechos expuestos de conformidad con lo que establece el Reglamento de Procedimientos Administrativos de esta Contraloría General, publicado en la Gaceta N° 138 del 16 de julio de 1999”.
A la fecha los señores ex regidores nuevamente haciendo caso omiso y al contrario de hacer el reintegro definitivo del dinero han elevado el asunto ante la Procuraduría General de la República, con el fin de establecer la condición jurídica de las sesiones extraordinarias celebradas y canceladas irregularmente. Ante tal situación, el ente Contralor, solicitó en esa oportunidad la devolución del dinero pero los señores regidores solo aceptaron una retención parcial de lo adeudado. Recientemente, según se desprende del artículo 35 de la sesión 56 del 11 de febrero de 2003, los exregidores, solicitaron el reintegro del dinero depositado por dicho rubro que consta en el oficio DRH-101-2002 del 8 de abril de 2002.
Sobre dicha petitoria el Concejo Municipal según consta en el Artículo 10 de la sesión N° 59 del 4 de marzo del 2003, rechaza tal solicitud, considerando que dichas dietas se originaron en “sesiones extraordinarias desnaturalizadas” conforme lo señala la Contraloría General de la República en el oficio 00612, FOE-MP-106, del 22 de enero del 2002.
El asunto se encuentra en la actualidad en sede Penal a cargo del Fiscal Penal de Cartago y la disposición 4.1.A) del ente Contralor para el inicio del procedimiento administrativo queda a la espera de la investigación que hace el Ministerio Público según lo expone la Contraloría General de la República.
Entre lo regidores propietarios y suplentes que cobraron irregularmente, cientos de miles de colones según informes de la Contraloría General de la República y del Concejo Municipal se encuentran dentro de otros los siguientes: Francisco Marín Monge, expresidente municipal, Ángel Calderón Orozco, Claudia Corrales Bolaños, Lucía Alvarado Badilla, María Ester
Fedullo, Rafael Francisco Bloise Villanueva, Rafael Piedra Bejarano, Ángel Calderón Orozco. Esta situación viene nuevamente a ser ratificada, según el oficio DJI-0587-2003, de la Dirección Jurídica del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.
7-) Pago ilegal de aguinaldos a los regidores.
Los exregidores del periodo 1998-2002, también se presupuestaron y cancelaron aguinaldos aún cuando no devengaban salarios sino dietas. Esta acción fue investigada y denunciada por la Defensoría de los Habitantes, lo que provocó el acuerdo del Concejo Municipal de Cartago en el artículo 17 el Acta 43 del 17 de enero del año en curso de suspender dicho pago y el acuerdo 16° del acta 59 del 4 de marzo del 2003.
Adicionalmente, dichos regidores evadieron la responsabilidad del rebajo del 15 % del impuesto sobre la renta a las dietas que devengaron, por lo que, según oficio 5465, emitido por la Contraloría General de la República, (FOE-SM-1009), se ordena el pago del impuesto en referencia.
8-) Contrato de Donación y Garantía con la Federación Europea Autónoma del Trabajo y de las Profesiones de Italia.
Los miembros del Concejo Municipal de Cartago del periodo 1998-2002, toman el acuerdo contenido en el artículo N° 5 del Acta N° 64 de la sesión celebrada el 29 de marzo de 1999, referente inicialmente a la partida no reembolsable Federazione Eoropea Transnazionale (FET). Posteriormente se suscribe un Contrato de Donación con la Federación Europea Autónoma del Trabajo y de las Profesiones con sede en Italia, cuyo dueño era el empresario Atilo Spesano y otros personajes ligados con una serie de actividades ilícitas. Tal Organización era representada en Costa Rica por el señor Marvin Segura, quién terminó perdiendo sus bienes personales y por la Lic. Iris Rodríguez León quién era la representante legal. La supuesta donación para el desarrollo de proyectos, era por la suma total de $ 320 millones de dólares o sea ¢ 128 mil millones de colones distribuidos entre las municipalidades de Cartago, Alajuela, Heredia y Moravia.
Para ser beneficiarios de dicha donación cada municipalidad firmó un compromiso como garantía de cumplimiento por la suma $ 80 millones de dólares o sea la suma de ¢ 32 mil millones de colones, poniendo en garantía hipotecaria el patrimonio de las comunidades. Esta acción fue de amplio debate y discusión en diferentes foros y medios de comunicación nacional lo que obligó a la intervención de la Contraloría General de la República, del Tribunal Supremo de Elecciones y del Ministerio Público.
Como era de esperar y ante los cuestionamientos presentados, la Organización desapareció, no entregó ni una sola donación y puso en riesgo todo el patrimonio de las municipalidades por medio del tráfico de influencias municipales y otros políticos que recibieron aparentemente, sumas millonarias para ejercer la influencia de sus cargos en cada una de las comunas.
En lo que a Cartago se refiere, que es al fin nuestra preocupación, la Carta de Garantía de Cumplimiento correspondiente a dicho Convenio irregular fue firmado por el Presidente Municipal señor Francisco Marín Monge, el Alcalde Municipal Héctor Castillo Salmerón y la aprobación de los regidores del Partido Liberación Nacional. Lo anterior, según acuerdo municipal contenido
en el artículo N° 5 del Acta N° 64, se la sesión celebrada por el Concejo Municipal de Cartago, el día 29 de marzo de 1999.
Los señores Marín Monge y Castillo Salmerón, no solamente comprometieron el patrimonio de la comunidad cartaginesa sin estar presupuestado y sin tener facultad alguna para extralimitarse de esa manera, sino que fue el señor Marín Monge fue el defensor del proyecto en las negociaciones y ante la opinión pública, apareciendo en varios noticieros de radio y televisión en defensa del mismo.
Según el Oficio AJM-066-99 del 12 de abril de 1999, del Lic. Julio Cesar Monge Gutiérrez, Encargado del Área Jurídica de la Municipalidad de Cartago, dirigido al señor Héctor Castillo Salmerón, Alcalde Municipal, lo previene sobre las inconveniencias de dicho convenio y le manifiesta lo siguiente:
1. “ El artículo 103 del Código Municipal vigente, Ley No 7794, establece que las Municipalidades, no podrán adquirir compromisos económicos, si no existe subpartida presupuestaria que ampare el egreso.
Esta disposición jurídica por si sola, es limitante suficiente que impide a la Municipalidad de Cartago, emitir cualquier tipo de garantía por la suma de ochenta millones de dólares U.S.A. obsérvese que no consta presupuesto municipal alguno debidamente aprobado por la Contraloría General de la República que ampare el eventual egreso”.
2. “El artículo 65 del citado Código Municipal establece que: El funcionario o empleado que contraiga, en nombre de la municipalidad, deudas o compromisos de cualquier naturaleza, en contra de las leyes y reglamentos, será solidariamente responsables junto con la Municipalidad ante los acreedores correspondientes y consecuentemente sancionados conforme a las sanciones del régimen disciplinario”.
3. El artículo 62 del mencionado Código, impide la extensión de garantías a favor de otras personas y solo serán posibles cuando las autorice expresamente una Ley especial. Esta disposición impide a las municipalidades, otorgar garantías a favor de la relacionada Federación”.
4. “Los escollos u obstáculos para que las municipalidades rindan en este asunto algún tipo de garantía, legalmente y conforme a la legislación indicada son insalvables”.
Aún cuando a la contundencia expresa en dicho documento, los regidores liberacionistas y el Alcalde Municipal, toman el acuerdo contenido en el artículo N° 5 del Acta 64, de la sesión celebrada el 29 de marzo de 1999 y firman el cuestionado Convenio.
Sobre este tema tan escabroso el Ministerio Público, abrió la causa contra los regidores responsables en la firma del citado Contrato y según las investigaciones y las relaciones de hechos presentado por el Tribunal Supremo de Elecciones y por la Contraloría General de la República.
Por su parte, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Servicios Municipales de la Contraloría General de la República, según el oficio FOE-MP-913 del 18 de diciembre de 2000, dirigido al señor Bernardo Portugués Calderón, Secretario del Concejo de la Municipalidad de Cartago le hace llegar la: “ Remisión de Relación de Hechos N° RH-MP-13-2000. En dicha
remisión se adjuntan 106 folios y contiene los resultados del estudio efectuado en esa Municipalidad, referente a la suscripción del citado contrato de donación.
Lo anterior con la finalidad de que dicho Concejo disponga el inicio de un procedimiento administrativo por eventuales responsabilidades en razón de los hechos expuestos, según lo establecido en la ley de Administración Pública y en el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Contraloría General”.Dicha División Fiscalizadora de la Contraloría, según el Oficio No. FOE-MP-912, dirigido al Gerente de la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría, remite la relación de hechos en referencia para que valore y determine si se ordena el inicio de un procedimiento administrativo por eventuales responsabilidades de algunos regidores municipales cuyas calidades se consignan en el punto 5 de este documento. Las personas a que se refiere este documento son las siguientes: Héctor Castillo Salmerón, ex Ejecutivo Municipal, Francisco Marín Monge ex Presidente Municipal y los ex regidores; Rafael Francisco Bloise Villanueva, Claudia Corrales Bolaños, Ángel Calderón Orozco, Rafael Ángel Piedra Bejarano.
A la vez, el ente Contralor, dirige, al Lic. Carlos Arias Núñez, Fiscal General de la República del Ministerio Público, el oficio FOE-MP-91, con fecha 18 de diciembre de 2000, donde le hace llegar: “la remisión de la Relación de Hechos No. RH-MP-13-2000, sobre el resultado de la investigación efectuada en la Municipalidad de Cartago referente a la suscripción de dicho Contrato de Donación. Lo anterior por estimar el Órgano Contralor que eventualmente podría estarse en presencia de hechos irregulares que podrían configurar algún tipo delictivo, se señale y tipifique los hechos presuntamente anómalos que se indican y proceda a instaurar, si fuera del caso, las acciones penales que pudieran resultar procedentes”. (Algunos documentos adjuntos, otros se encuentra en el TSE, en la Contraloría General y en el Ministerio Público).
9-) Desviación y malversación de partidas especificas en la construcción de obras municipales en el periodo anterior.
Por otro lado en la Municipalidad de Cartago se han realizado una serie de investigaciones sobre denuncias presentadas por el Comité Cívico Cartaginés, por la desviación y malversación de sumas millonarias en partidas específicas. Lo anterior por parte de los regidores liberacionistas del periodo 1994-1998 y 1998-2002.
Tales denuncias han sido del conocimiento e investigación de la Contraloría General de la República, según se desprende dentro de otros en el Oficio AUM-89 del 20 de enero de 1999 del Director General de dicho ente, donde se investigan los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la república correspondientes a los periodos 1996, 1997, 1998 ya que existen partidas donde el saldo disponible no coincide con el monto de las partidas giradas, otras fueron desviadas para otros fines y en algunos de los casos no existen saldos aún cuando las obras no se realizaron.
Por dichas situaciones, la Contraloría General de la República solicitó la integración de una serie de Órganos Directores de Proceso para que investigaran la relación de los hechos denunciados. Sobre el asunto, el actual Concejo Municipal tuvo que tomar las acciones requeridas ante la negligencia presentada por los exregidores municipales y ante la exigencia de la Contraloría General de la República, según se desprende del artículo 22 del Acta 23, del 27 de agosto del 2002. Este asunto puede verificarse, en el Artículo 11°, del Acta 64 del 25 de marzo del 2003, donde se solicita al Órgano Director, presentar el dictamen correspondiente de las investigaciones realizadas.
Ante la ineficiencia y parcialización de los órganos referidos, recientemente y según se desprende del Acuerdo Municipal, Artículo 28°, del Acta 75, del 13 de mayo del 2003, se conoce el oficio 4327,FOE-SM-819, del 5 de mayo del 2003, del Área de Servicios Municipales de la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República, en donde se comunica la resolución respecto de la construcción irregular de obras complementarias municipales.
De conformidad con las potestades que le confiere la Constitución Política y las leyes a esta Contraloría General de la República en materia de fiscalización de la Hacienda Pública, se le dispone al Concejo para que en un plazo de diez días se adopten las acciones pertinentes y se proceda con las medidas administrativas que correspondan de conformidad con el artículo 13 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República. De lo contrario se establece el artículo 69, Sanción por Desobediencia, de la Ley Orgánica de la Contraloría, dando inicio de un procedimiento administrativo y las acciones de orden penal.
Según Artículo N° 3°, de la Sesión N° 76, celebrada el día 20 de mayo del 2003 por el Concejo Municipal de Cartago se determina según numeral: 1°) Se encuentran responsables de las deficiencias en la construcción de las obras municipales a las siguientes personas: los exregidores del periodo 1994-98 y 1998-2002, los señores Francisco Marín Monge, Rafael Francisco Bloise Villanueva y los ex regidores del periodo 1998-2002, Francisco Marín Monge, Rafael Francisco Bloise Villanueva, Claudia Corrales Bolaños, Lucía Alvarado Badilla, , Ángel Calderón Orozco, Rafael Ángel Piedra Bejarano y Roxana Cortes Navarrete así como al Alcalde Municipal, señor Héctor Castillo Salmerón, el Auditor Municipal, Asesor Legal, la Tesorera Municipal, el Proveedor Municipal, haber desviado recursos millonarios de las partidas específicas del programa de ayudas comunales de la Municipalidad.
A los ex regidores por cuanto no acataron las disposiciones de la Contraloría General de la República en donde solicita al Tribunal Supremo de Elecciones la respectiva investigación sobre sus actuaciones. Se ordena a la vez al Alcalde Municipal, que proceda con las medidas administrativas que correspondan, de acuerdo al Código de Trabajo, Código Municipal y Reglamento Interno. Comuníquese a la División Fiscalizadora de la Contraloría General de la República.
Los exregidores involucrados han pretendido impugnar el asunto aún cuanto a la investigación exhaustiva existente y los estudios realizados, según se desprende del Artículo 2°, de la sesión N° 80 del 10 de junio del 2003 y según Artículo 3°, de la Sesión N° 83, del 24 de junio del 2003, según interposición hecha por Francisco Marín Monge y otros, con ocasión del aparte C, del acuerdo adoptado en la sesión celebrada el 27 de mayo del 2003, Acta N° 76, artículo 3°, en lo que respecta a la solicitud hecha por parte del Concejo, ante el Tribunal Supremo de Elecciones para que proceda a hacer las respectiva investigación sobre la actuación de los exregidores.
Se refiere el Concejo Municipal que la investigación es producto de lo que señala la parte considerativa de una exigencia de la Contraloría General de la República, contenida en el Oficio FOE-SM-819 del 5 de mayo del 2003, para que el Concejo Municipal identifique a quienes actuaron en forma irregular. Reiteran que el Concejo Municipal anterior evadió y arrastró el asunto, hasta el punto de manifestar a la Contraloría la imposibilidad de identificar a los responsables de los hechos investigados. Por lo anterior se rechazan los argumentos de los exregidores con un apoyo mayoritario de las diferentes fracciones que conforman dicho Concejo.
Sobre el asunto, la Contraloría General de la República, avala lo actuado, según el Oficio 6027, (FOE-SM-1131) y al Acuerdo del Concejo Municipal del 1 de julio de 2003, Artículo 31°, del Acta N° 85. Actualmente existe gran preocupación entre los regidores propietarios y suplentes del PLN en dicho Concejo, por cuanto, el señor Marín Monge, ha venido ejerciendo una serie de presiones y amenazas políticas a los concejales liberacionistas de dicho municipio para que varíen el acuerdo tomado y se le exonere de los cargos que han venido siendo investigados durante los últimos años bajo el argumento infundado de que él es el Coordinador del Partido en dicho Cantón. Asimismo, persiste ejerciendo presión para la construcción de otros proyectos de vivienda en zonas no aptas o protegidas, que él desarrolla conjuntamente con los empresarios Mervin Hernández y Frazier Pirie.
10-) Caso del Tajo Municipal de Lastre en Tierra Blanca de Cartago.
El Concejo Municipal de Cartago ha iniciado una serie de investigaciones sobre la malversación (disposición de bienes y dineros públicos) de los recursos generados por un tajo Municipal de lastre, ubicado en el distrito de Tierra Blanca del Cantón Central de Cartago. Para lo cual se estableció otro Órgano Director del Procedimiento Administrativo investigador el cual involucra al ex alcalde municipal del PLN, ex regidores del PLN, la ex síndica del PLN en dicho distrito, así como a otro altos Jerarcas. Tal
situación se encuentra en investigación y según el actual Concejo Municipal,el ex alcalde del PLN, ex regidores y altos funcionarios ahí involucrados son reincidentes y acumulan sanciones de diferentes investigaciones. El Concejo Municipal anterior, donde se han presentado las irregularidades era presidido por el señor Francisco Marín Monge.
11-) Sustitución en la Junta y Dirección del Colegio San Luis Gonzaga.
Toda esta serie de acontecimientos irregulares sucedidos en el Concejo Municipal de Cartago, llevaron dentro de otros, el año anterior a la renuncia del señor Francisco Marín Monge, como Director del Colegio San Luis Gonzaga.
Además, según el Acuerdo del Concejo Municipal, Artículo N° 4, de la sesión N° 78, del 27 de mayo del 2003 se rechaza el nombramiento del señor Marín Monge en la Junta Administrativa de dicho Colegio y nombra en su lugar por amplia mayoría a la señora Jenny Arce Alfaro, representante de un proyecto de vivienda social. El señor Marín Monge, según Artículo N° 19, del Acta N° 79 del 3 de junio del 2003 impugna dicha elección aduciendo el impedimento de familiaridad entre los electos Profesor, Marco Adrián Arce y Jenny Arce.Tal acción es desmentida según constancias del Registro Civil y declaraciones juradas sobre el no parentesco, por lo que se ratifica la elección de la señora Arce Alfaro.
12-) Abogado de Bufete Villanueva, ligado a homicidio, estafa y narco.
El Tribunal de Juicio de Goicoechea absolvió el 6 de junio del año 2007, al abogado Carlos Villanueva Maydana, del Bufete Villanueva, del delito de homicidio calificado pero lo condenó a 10 años de cárcel por los delitos de estafa y falsificación de documento en concurso ideal, actividades ligadas al lavado de dinero.
La sentencia dictada absuelve por los mismos delitos a Kenia Milli Zayas (esposa de Villanueva) y al comerciante Óscar Calvo Piedra, a quien se involucraba en el delito de estafa.
Tras leer el por tanto de la sentencia, la presidente del Tribunal, Doris Arias dijo que por lo alto de la pena y para evitar la evasión del imputado, se le prorrogaba la prisión preventiva por seis meses mientras la condena adquiere firmeza.
El caso que se juzgó comenzó a investigarse el 15 de octubre del 2000 cuando se encontró asesinado a Salvador Herradora Rivas, de 83 años, un pensionado rentista que vivía en el centro de Curridabat.
El cuerpo estaba amordazado y tenía una bolsa plástica en la cabeza, que le llegaba hasta el cuello.
13-) Caso del Señor Adrián Leandro Marín; sobre gastos injustificados, desorden administrativo, desviación de fondos en el Comité Cantonal de Deportes de Cartago y en la Junta Administrativa de la Ciudad de los niños.
El señor Leandro Marín, actual Asesor del Diputado Villanueva Monge, fue nombrado por el Concejo Municipal en la Junta Administrativa de la Ciudad de los Niños, propuesto por Francisco Marín y Villanueva Monge, desde dicha Junta a pesar de ser dineros de los niños más pobres de nuestro país, realizó gastos o desviaciones de fondos lo que llevó al actual Concejo Municipal de Cartago a realizar las investigaciones correspondientes. De igual forma sucedió con la desviación de fondos del Comité Cantonal de Deportes de Cartago, presidido por el señor Leandro Marín, que también es investigado por el actual Concejo Municipal de Cartago , ante el desorden administrativo, financiero existente en dicho Comité. De todo esto dan fe los diferentes acuerdos municipales que han solicitado la destitución del señor Adrián Leandro. Sobre otras irregularidades cometidas por el señor en referencia estamos indagando sobre la adjudicación de tierras del Gobierno a el y sus familiares en Llano Grande de Cartago. Lo anterior debido a su trayectoria e influencias con el Partido en el Gobierno.
14-) Desaparecen libros contables en Municipalidad de Cartago
Los Consultores Externos Carvajal y Asociados, a solicitud de la misma Contraloría General de la República (y no por la Municipalidad como debió ser), dan cuenta de la DESAPARCION DE LOS LIBROS CONTABLES de la Municipalidad de Cartago, libros de los últimos 20 años. Además, dichos consultores solicitaron una investigación rápida y efectiva para tomar acciones contra los responsables, ya que dicho delito económico, revierte carácter de fraude. Suplemento Regional Cartago en las Nación, 30 de enero, 2009.
Hoy el contador, de este ente local que goza de permiso porque es también en la actualidad el alcalde de El Guarco,Willian Cerdas ha sido denunciado por muchos hechos irregulares hasta por los mismos regidores guarqueños, amigo íntimo y miembro del grupo (Villanueva), alega que no se han desaparecido dichos libros contables, porque nunca existieron. Y por que callò y nunca lo dijo?. Es inaudito ver como se pone en evidencia su manipulación, descaro e indiferencia ante hechos de tal gravedad. El mayor beneficiado de que dichos libros contables, se extraviaran, es Rodríguez, porque no se podrá saber a ciencia cierta cuanto dinero se extravió también.
15-) Graves fallas de control interno en Municipalidad de Cartago
El INFORME Nº 45/98, auditoria Municipal. En el estudio se determinó la existencia de serias fallas de control interno, en los procedimientos de registros, en el manejo y aplicación de los recursos de partidas específicas por parte de la Municipalidad.
16-) Irregularidades en manejos de dinero en Junta Administrativa de los Servicios Públicos JASEC
Diputados de oposición solicitaron a JASEC detalle de los ingresos y egresos de dicha Institución, desde que asumió la presidencia Gerardo Villanueva, ante los gastos excesivos presentados por esta Institución, como “comilonas”, carros, publicidad, personal de confianza y la cadena de inauguraciones de alumbrado en plazas de deportes, días previos a la realización de a elecciones distritales del Partido Liberación Nacional.
17-) Dinero de donaciones hechas por constructoras cartaginesas no se reportan.
En la primer semana de enero del 2009, Gerardo Villanueva, se reunió con varios hombres de negocios de Cartago, en especial ligados a la construcción, donde recibió de los mismos más de 15 millones de colones, para las elecciones distritales del 18 de enero del PLN. Mismas donaciones no fueron nunca reportadas ni al TSE ni a la tendencia de Laura Chinchilla.Todos estos acontecimientos y preocupaciones del Comité Cívico Cartaginés, de la Cámara de Comercio de Cartago,de la Coalición Cívica de Costa Ricay de liberacionistas y de la ciudadanía en general nos ha obligado a acudir ante ustedes para que se tomen las acciones sancionatorias correspondientes y así manifestarle al país el reinicio de un Liberación Nacional, en la urgente lucha contra la Corrupción y la Impunidad.
Todos los hechos expuestos en los diferentes numerales anteriores, se fundamentan en una serie de acontecimientos reales que están siendo investigados por diferentes instancias contraloras o judiciales en donde adicionalmente existen otros documentos probatorios que sin duda alguna causan daño aún más a la imagen de Liberación Nacional. La corrupción y la impunidad en otros partidos políticos son situaciones históricas, producto de una mafia entronizada en sus cúpulas que tiene control de los grandes negocios del Estado y desde ahí ejercer el tráfico de influencias y encubrimientos en beneficio personal y de sus allegados. En Liberación Nacional todavía nos queda la última oportunidad de corregir tales males, de lo contrario las consecuencias para el Partido, la Democracia y el País serán lamentables. Los problemas en el manejo de la Hacienda Pública es un asunto de fiscalización, controles y legislación pero a la vez la otra gran parte no es de legalidad, es de voluntad, honestidad, moralidad y ética.
Con todo respeto,
Carlos Valverde Montoya
Cédula N° 3-157-032
Luis Fernández Segura
Cédula 1-899-947
COMITÉ ACCIÓN CÍVICA DE LA PROVINCIA DE CARTAGO,
COALICION CIVICA DE COSTA RICA
C: Contraloría General de la República
Partido Liberación Nacional
Órganos relacionados
Final de la denuncia
--
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
