Miserable condición humana San José. Costa Rica. 09/04/2010 MP – 001-2010

Miserable condición humana 

San José. Costa Rica. 09/04/2010                                                                    MP – 001-2010

Cuánto quisiera poder pronunciarme con alegría y agradecimiento, al menos una vez, pero la realidad de los hechos supera a la novela. Este desconsolado comentario es una denuncia pública con voz quejumbrosa ante la impotencia de sentirse burlado y abusado por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que ya no es tan ‘social’ y menos aún tan ‘segura’ y el Hospital Calderón Guardia (HCG). 

Mi suplicio empezó  en el año 2002 cuando una clínica de “bienestar social” me diagnosticó una severa glaucoma que estaba destruyendo mis nervios ópticos, y como no podía cubrir el costo de la cirugía me remitieron con referencia médica al Depto. de Oftalmología del HCG. A partir de ese momento, transcurrieron 7 largos penosos años asistiendo a citas, exámenes de laboratorio, cardiogramas y rayos X, y más citas y más exámenes repetitivos hasta que se colmó mi paciencia y exploté. Cuando formé un bullicio en medios de comunicación radial y escritos, entonces y no hasta entonces, intervino la Gerencia Médica y fui operado en el Centro Oftalmológico del Hospital México en el 2008-2009. Sólo se pudo medio salvar la visión en el ojo izquierdo porque en el ojo derecho el daño era ya irreversible. ¿Qué les parece? 

Por razones de espacio me veo obligado a omitir muchos otros detalles de vital importancia, pero les garantizo que tengo en mi haber toda la documentación médica pertinente que respalda esta acusación pública. Inmediatamente después del diagnóstico de glaucoma (2002), empecé a padecer otra patología conocida como hiperplasia prostática (Urología 2003), tan grave que me han sido instaladas en diferentes ocasiones 3 sondas Foley soportando con paciencia franciscana hasta el día de hoy las muchas molestias para poder drenar la orina –con sondas o sin ellas-. Resumiendo…, llevo igual 7 penosos largos años en las mismas miserables condiciones atendiendo citas y más citas, exámenes y otra vez más exámenes repetitivos preoperatorios, y no he conseguido que me programen responsablemente una fecha para la cirugía prostática que grita a voces un anciano que redondea los 67 años de edad. ¿Será que como ya no soy un ente productivo para los intereses de la CCSS, esperan al menos que sea un cliente virtual para alguna funeraria?  

El 14 de enero del año en curso me presenté nuevamente en el Depto. de Otorrinolaringología (ORL) del HCG con una referencia médica extendida por el EBAIS de Guadalupe, donde me diagnosticaron una obstrucción en el tabique nasal, y después de los respectivos exámenes preoperatorios, una vez más para variar, saben qué…? Sí,  ¡me dieron una nueva cita médica para el 25 de agosto del año 2011! ¿…? Los comentarios por demás salen sobrando porque la evidencia delata ampliamente la ausencia de planificación, coordinación departamental y la insensibilidad de un “sistema” colapsado o fracasado. Por todo lo anterior y muchas otras cosas más, es que me permito recomendar la intervención por una Junta de Notables con sensibilidad social antes de que más asegurados inocentes se vean gravemente perjudicados por el desorden imperante.  

Hernán Calvo M. – Céd. 1-306-349 –(Firma responsable) millennium27@hotmail.es 

CC:  Gerencia Médica – CCSS

        Contraloría de Servicios – HCG

        Medios de Comunicación e Información

DESDE CUALQUIER ESCRITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA SE DENIEGAN PERMISOS O LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

      ¿Qué es mejor en una democracia:
Una prensa incomoda o una prensa complaciente, una prensa fuerte o una prensa débil, una prensa comprable o una prensa digna, una prensa critica o una prensa light?- Raúl Silesky,   Presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica
               
                     COMUNICADO DE PRENSA No 01

              DESDE CUALQUIER ESCRITORIO
         DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
        SE DENIEGAN PERMISOS O LICENCIAS
                       DE FUNCIONAMIENTO

Una violenta y grave violación a la libertad de prensa y a la libertad de expresión se ha presentado de manera continuada y sin el menor empacho durante un año ya, por parte de la Municipalidad del Cantón Central de  Heredia.

Todo esto se da, cuanto este Gobierno local se ha negado a dar respuesta a la solicitud de entrega de nuestros permisos de funcionamiento correspondientes, solicitados con la finalidad de  instalar dentro de un nuevo proyecto en marcha, las nuevas oficinas  de los periódicos regionales Actualidad, donde se incluye para la provincia herediana, el Periódico Actualidad Herediana.

La situación se torna aun más conflictiva y grave por cuanto funcionarios de dicha comuna, propiamente de la Dirección Operativa, encargada de la autorización de dichos permisos municipales, mostrando una conducta impropia de todo funcionario público, se negaron  en primera instancia a entregar a nuestros personeros los documentos que señalaban el porque de dicha negativa, alegando los mismos el no estar obligados a entregarlos, violentado con este acto y en primera instancia dentro de la cadena violatoria a la Ley General de Administración Pública.



Junto a ello tenemos que a la fecha el Consejo Municipal de dicha Comuna, una vez que fue elevado a conocimiento de esta por ser del ámbito de sus competencias, no ha dado respuesta luego de un año, a nuestra reiterada solicitud de la concesión de los permisos antes mencionados.

Esto y pesar de poner de conocimiento de los mismos de las serias irregularidades detectadas tanto en el procedimiento seguido con nuestra solicitud, como de otras anomalías comprobadas y bajo documentos relacionadas con el actuar de la Dirección Operativa de dicha Municipalidad, como un todo.

Olvidaron dichos funcionarios, que es un imperativo constitucional el que los procedimientos administrativos sean prontos, oportunos y cumplidos en aras de valores constitucionales trascendentales como la seguridad y la certeza jurídicas de la que son acreedores todos los administrados de este país.

Olvidaron estos funcionarios municipales que precisamente por lo anterior, los procedimientos administrativos se encuentran claramente señalados en una serie de principios de profunda raigambre constitucional, tales como lo son los de prontitud y oportunidad (Articulo 41 de la Constitución Política), Artículos 225, párrafo Primero y 269, párrafo Primero de la Ley General de Administración Pública, eficacia y eficiencia (Artículos 140, inciso  8, de la Constitución Política, 4to., 225, párrafo 1ero, y 269 párrafo 1er. de la Ley General de Administración Pública), simplicidad y economía procedímentales (Articulo 269, párrafo1ero, ibidem).

Es innegable por lo tanto, que estos principios rectores de los procedimientos administrativos, le imponen a los entes públicos la obligación imperativa de substanciarlos dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, es decir, sin retardos graves e injustificados para evitar una lesión grave a los administrados, como en nuestro caso; por el transcurrir de un tiempo excesivo e irrazonable.

El privilegio sustancial y posicionad de las administraciones públicas, denominado autotutela declarativa y que, a la postre, constituye en una pesada carga para los administrados, no debe invertirse como en nuestro caso y ser aprovechado por los funcionarios públicos.

Con la evidente intensión de causar una lesión antijurídica al administrado por y con la prolongación innecesaria de los procedimientos administrativos a ser aplicados a solicitud expresa de un ciudadano.

Evidente, claro y debidamente respaldado podemos afirmar hoy día, que los funcionarios que han tenido en sus manos nuestra legítima solicitud, violentaron uno a uno todos los procedimientos antes señalados y al hacerlo lo han hecho con saña, alevosía, y en un claro y virulento ataque a la libertad de prensa y de expresión a ser ejercida por este medio de comunicación en la provincia de Heredia.

Como ejemplo de esta desigualdad ante la ley en la que nos tiene sometidos la Municipalidad de Heredia, podemos señalar que los funcionarios de la misma, contrario a como han actuado con nosotros, si han otorgado a otras personas en el transcurrir del año 2009 e incluso ya en 2010, permisos o licencias de funcionamiento para la instalación de otros negocios a tan sólo 40, 80 y 100 metros en unos casos, del inmueble propiedad de esta empresa periodística. Sin dejar de mencionar que dentro de estos se encuentra un enorme edificio que alberga un Call Center que recién acaba de abrir sus puertas a 120 metros de nuestro inmueble y el cual les brinda trabajo a más de dos mil personas de la zona.

Cada vez es más obvio, que la legitimidad de nuestro funcionamiento como medio de comunicación regional en Heredia, no puede basarse en decisiones antojadizas de funcionarios municipales.

Legitimidad constitucional que ha encontrado el irrespeto de estos burócratas a nuestros derechos fundamentales claramente contenidos en nuestra Constitución Política, así como la violación e inobservancia continuada de la Ley de Administración Pública y la Ley de Control Interno, entre tantas otras cosas, lo cual ha dado como resultado; que al transcurrir un año de nuestra solicitud inicial, a la fecha el silencio es lo único que tenemos como certeza clara de parte de los mismos.

Eso sí  ha sido característica de la administración municipal el estar subiéndole y bajándole el ruedo a las normas y procedimientos municipales aplicados ante nuestra solicitud aplicándolos los mismos de acuerdo a sus intensiones e intereses, y usando como negativa todo tipo de artilugios sacados de la manga, unos más sutiles que otros.

Más emitidos todos desde los escritorios de burócratas municipales heredianos, amparándose estos en su llamada “autonomía municipal”, siendo este actuar, reiteramos, la tónica durante un año completo ya.

Es de suma importancia para la prensa y los periodistas de nuestro país, el conocer sobre la amenaza a la libertad de prensa y de expresión que existe hoy día en la provincia de Heredia y que proviene de la propia Municipalidad del lugar.

Este objetivo municipal de castigar, premiar y privilegiar a los medios de comunicación  heredianos de acuerdo a la función de los mismos en relación a sus líneas editoriales y su afinidad con la clase política incrustada en dicha municipalidad, atenta gravemente contra la libertad de prensa y de expresión de nuestro país.

Nuestro medio de comunicación tiene el derecho, el compromiso y la obligación de realizar su labor de manera independiente o sea: “sin cafés de por medio”, “ni publicidad a cambio de informaciones bonitas y callar las irregularidades que dan como resultado corrupción”, “ni publicidad por amistad, filiación política, o porque les caemos bien”.

Actitud de nuestra parte con lo cual se evidencia claramente y ante quien sea, que como medio de comunicación regional somos por naturaleza reacios a pastar en rebaños y a desplazarnos en manadas.

Con esta posición  y en consecuencia a nuestros principios hemos actuado durante trece años de manera tal que se evidencia rotundamente, que somos independientes y libres de presiones de cualquier especie, sean estas económicas o políticas e incluso de intereses ocultos y si bien es cierto, que la publicidad es una arma muchas veces usada de manera innoble en contra de la prensa por la clase política de nuestro país, nosotros no aceptamos condicionamientos de ninguna naturaleza de nadie, que nos hagan ceder en nuestros principios rectores y en nuestra línea editorial.

Presiones, condiciones inaceptables, requisitos municipales inexistentes y contrarios al ordenamiento jurídico, el uso de las normativas municipales en relación a la concesión de permisos municipales en beneficio de algunos y en perjuicio nuestro, dirigidos todos estos actos de manera directa e indirecta durante un año y con la clara intensión de silenciarnos en nuestra labor informativa.
Este actuar es algo intolerable y completamente incompatible con la libertad de prensa y de expresión de nuestro país.

Mañana, y de ser permitido; estas acciones municipales pueden repetirse en cualquier municipalidad de cualquier provincia de nuestro país en contra de cualquier medio de comunicación, sea este regional o nacional.

Mañana y de ser permitido, estas acciones municipales pueden darse no sólo en contra de medios regionales, sino que también en clara afectación de los medios nacionales de nuestro país, llámense estos de radio, prensa o de televisión.

Y esto es lo que hoy damos a conocer.
Esto es lo que hoy comenzamos a denunciar puntualmente y con las pruebas en la mano.

Esto es lo que respetuosamente solicitamos que transmitan a toda la sociedad costarricense dentro y fuera del país.

Esto es lo que respetuosamente le damos a conocer a todos los periodistas de este país, sean colegiados o no.

Esto es lo que le damos a conocer a los y las propietarios de medios de comunicación costarricenses.Todos por igual, pueden ser afectados en cualquier momento.

Ejemplos sobran del como nace el ataque contra la prensa:

Primero atacan, desprestigian y persiguen a los medios pequeños y luego van con los grandes, hasta que no queda ninguno con independencia. Periodistas encarcelados, exiliados o asesinados, dueños de medios de comunicación multados o exilados en el mejor de los casos. Así ha sucedido en Venezuela, Nicaragua, y Guatemala, entre otros. Y han sido todos afectados bajo el manto de la legalidad e incluso creando leyes para terminar con la libertad de prensa y de expresión en estos países.

Eso no hay que olvidarlo. Hay que tenerlo muy presente, porque no podemos creer que sólo a otros les pasará y a nosotros no. Suponer tal cosa, es pecar de ingenuidad.

Por otra parte, es un hecho debidamente documentado que todo este actuar municipal herediano, es una grave ofensa que atenta contra la libertad de expresión y de prensa de nuestro país y que violenta flagrantemente nuestra Constitución.

La denuncia de esta situación atentatoria no sólo a lo antes señalado, sino que además a nuestro derecho al trabajo, todos derechos constitucionales, será elevada dentro de un proceso ya en marcha, en las próximas horas, días y en principio a las siguientes instancias de nuestro país:

• Colegio de Periodistas de Costa Rica
• Instituto de Prensa y Libertad de Expresión- IPLEX
• Sindicato Nacional de Periodistas
• Federación Internacional de Periodistas
• Confederación Interamericana de Comunicadores Sociales
• Red de Periodistas de Costa Rica

De igual manera y por la gravedad de los hechos e irregularidades cometidas por funcionarios municipales, se procederá a denunciar a todos estos; por medio de nuestros asesores legales ante los siguientes entes:

• Ministerio Público
• Contraloría General de la República
• Procuraduría de la Ética
• Defensoría de los Habitantes
• Tribunal Supremo de Elecciones
• Corte Interamericana de los Derechos Humanos
• Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica
• Colegio de Geólogos de Costa Rica
• Colegio de Licenciados y Profesores- Colypro
• Colegio de Abogados

Esto se hará  a efectos de que se investiguen a profundidad todas las irregularidades cometidas y detectadas en nuestro perjuicio, y que al actuar dentro del ámbito de sus competencias se sienten las responsabilidades del caso, toda vez que a raíz de su negativa y luego de efectuar nuestra propia investigación detectamos otras irregularidades que pondremos de manera adjunta en sede judicial.

Junto a ello se llevará  este caso ante la Sociedad Interamericana de Prensa y ante a la Organización Mundial de los Defensores del Lector con asiento en los Estados Unidos, última organización de la cual formamos parte, con la finalidad de que tanto en nuestro país como fuera del mismo se solicitará quelevanten una amplia investigación, sobre esta posible violación al Derecho de Información, así como al del trabajo, derecho que se encuentra contemplado tanto en nuestra Constitución Política, como en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos.

Nos preocupa que medios regionales como los nuestros, sufran la censura de prensa, disfrazada bajo argumentos municipales pueriles, aplicando a su conveniencia en su negativa normativas sacadas de la manga del funcionario de turno y sin ningún asidero administrativo, ni lógico ni legal e incluso contra pronunciamientos que al respecto hizo en su momento de manera puntual, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, ente rector de la materia en nuestro país.

Es claro de entender que de permitirse este actuar, se inicie una ola de censura municipal a otros medios de comunicación, ya no sólo regionales, sino que nacionales ubicados en otras partes del país, poniéndole de esta manera una mordaza a la libertad de prensa y de información en nuestro país.

Grave además es,  que todo esto se de, sin justificación alguna por parte de funcionarios de gobiernos locales, los cuales aplican criterios dispares a su antojo y conveniencia, en detrimento de los medios de comunicación.

Por tercera vez en un año, cambian las razones que esgrimen en sus negativas, se escudan ahora y en esta oportunidad en su llamada autonomía municipal, la cual según ellos les faculta para que las leyes, decretos, normas y demás de aplicación lógica dentro de un país de derecho como lo es Costa Rica, no sean para ellos vinculantes.

Es evidente que en nuestro caso, para el Consejo Municipal de la Municipalidad de Heredia, las leyes son vinculantes para ellos cuando les convienen y sirven a su intensión de silenciarnos, más no son de aplicación vinculante, cuando lasa mismas confirman y reafirman nuestra legítima solicitud. 

Sobran las palabras entonces.

Todas estas situaciones municipales anómalas, se están presentando, reiteramos; debido a trámites burocráticos cantinflescos y requisitos que no se no contemplan en el ordenamiento ni municipal ni jurídico costarricense, pero aplicados en nuestra contra; de acuerdo a los criterios inexplicables y contradictorios de los jerarcas de turno, en una municipalidad que actúa de manera contraria a lo que la ley señala al respecto y que omite el cumplimiento de esta por conveniencia de los mismos.


Violentándose de esta manera entre otras cosas, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Resolución 104 de la UNESCO, junto a leyes, decretos, normas y pronunciamientos de la Sala Constitucional al respeto y de aplicación en nuestro país.

Estaremos informando de manera continua por este medio de las acciones a seguir por nuestra parte tanto dentro del país como fuera de éste, en defensa de nuestro derecho del ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, unido al derecho constitucional del trabajo claramente contemplado en nuestra Carta Magna.

Es todo
7 de abril de 2010



Contactos:           
                                  

                                  Wendy Yesca Vargas                        
                                   Relacionista Pública
                         Periódico Actualidad Herediana
                         22624667 Telefax – Redacción
                         actualidadherediana1@yahoo.es
                     
                                    

                                      Guisela Arce Solís
                                Directora Administrativa
                          Periódicos Regionales Actualidad
                                       22624667 Telefax
                           actualidadherediana1@yahoo.es

No cumplen con requisitos de ley: Conformación del Consejo Directivo del ICE podría ser ilegal

Situación podría implicar nulidad de acuerdos tomados por ese cuerpo colegiado, como el referido a la cesión del espectro radioeléctrico de la institución. El Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no cumple con la conformación que para ese cuerpo colegiado explicita la ley, lo cual podría dar al traste con acuerdos tomados, inclusive el traspaso de la porción del espectro radioeléctrico que originalmente había sido concedida a la institución. Así lo explicaron varias fuentes consultadas por UNIVERSIDAD tras comprobarse que esa junta directiva consta de un abogado más de lo que dispone la ley. Leda Zamora, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), opinó que se trata de una “situación irregular que violenta la ley y los actos emitidos por este órgano podrían estar viciados de nulidad”. Jorge Arguedas, presidente de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Telecomunicaciones (ANTTEC), explicó que “si el consejo directivo es ilegal, sus acuerdos también y con ello los temas de la frecuencia radioeléctrica y unas reestructuraciones que perjudican a los trabajadores directamente”. Cabe recordar que la junta directiva del ICE acordó ceder parte de las frecuencias radioeléctricas en $7 millones, a fin de que puedan ingresar al país empresas multinacionales de telecomunicaciones y puedan vender el servicio de telefonía celular. POSIBLE NULIDAD Desde agosto del 2008 fue promulgada la Ley 8660, conocida como Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. En su artículo 43 incluyó una reforma al artículo 10 de la Ley 449, Creación del Instituto Costarricense de Electricidad. Esa reforma tuvo que ver con la conformación de la junta directiva de la institución y especifica que, además del presidente ejecutivo,  “tres directores serán ingenieros, con especialidad o experiencia profesional en telecomunicaciones o electricidad; uno, licenciado en Ciencias Económicas con el grado de maestría en Administración; uno, licenciado en Informática, con especialidad en Telemática y otro, licenciado en Derecho, con especialidad o experiencia profesional en Derecho público”. Arguedas recordó que tras diversas denuncias,  los  miembros del consejo directivo del ICE  Roberto Sasso, Félix Delgado y Bernardo Cooper renunciaron. “Las nuevas leyes especificaron la forma en que tiene que sustituirse el consejo directivo a partir del 2010, en vista de que se dieron las renuncias se debió sustituir a las personas salientes de acuerdo a la ley; sin embargo, la junta directiva del ICE hoy está compuesta por cuatro ingenieros y dos abogados, lo cual hace ilegal al consejo directivo”. Según supo UNIVERSIDAD, existe un oficio número 0012-319-2009 del 30 de noviembre del 2009, suscrito por el Secretario del Consejo Directivo del ICE, según el cual la junta directiva desde junio del año pasado fue integrada, entre otros, por los abogados Antonio Calderón Castro y Jorge Calderón Arias, quien se incorporó en ese momento. Lo anterior quiere decir que Calderón Arias habría sido integrado a la junta directiva del ICE diez meses después de la entrada en vigencia de la ley 8660 y su reforma que puntualizó la conformación de ese cuerpo colegiado con un solo abogado. Eso podría significar que la integración de la junta directiva del ICE a partir de esa fecha puede ser ilegal, por contravenir los mencionados artículos de la ley 449 y 8660 que la reformó. De esa manera, los acuerdos que el consejo directivo ha tomado bajo su actual conformación podrían ser nulos. La diputada Zamora manifestó que “en este momento no hay ningún informático, sino que hay cuatro ingenieros y dos abogados”. Añadió que desde su punto de vista ello es violatorio de la ley, “aunque se estableció un transitorio para llegar a la conformación que se especifica, en la junta directiva del ICE se han dado tres renuncias y ello se debió aprovechar para nombrar a personas de acuerdo con el perfil establecido en la Ley 8660”. Explicó que la reforma sobre la conformación específica de la junta directiva, buscó integrarla con las diferentes especialidades claves para su gestión presente y futura, como la ingeniería, el derecho público, las  ciencias económicas y la informática. “Habría una situación irregular si no se cumple con la ley y yo tendría dudas sobre la validez de la integración. Desde mi punto de vista, esto puede viciar las decisiones que se hayan tomado, pues se trata de requisitos formales establecidos por la ley que no se respetaron. El hecho es que se dieron renuncias y era necesario incorporar las especialidades que no estaban”, señaló. Por su parte, el exregulador General de la República, Leonel Fonseca, recordó que todas las juntas directivas de las instituciones del país deben cumplir con los requisitos que las leyes les impongan: “en el caso del ICE se establece un grado de especialización de sus directivos para que cumplan con sus deberes, la ingeniería es fundamental, así como las finanzas y el derecho, las tres especialidades tienen que estar presentes”. Fonseca fue directivo de la institución durante un breve periodo en el 2004, pero una medida cautelar respecto de una causa, por la cual fue recientemente absuelto, le obligó a abandonar ese puesto. “Las leyes son para cumplirlas, en este caso y en general las juntas directivas tienen una razón de ser, deberían ser un órgano superior que dicte las políticas y vigile el desempeño institucional, pero al no cumplir con los requisitos de ley se podría invalidar sus acuerdos, sucede que las juntas directivas en general han sido disminuidas y capturadas por el poder político, pasan a ser meros órganos refrendadores”, manifestó. En ese sentido, Arguedas apuntó que lo que se ha buscado en la junta directiva del ICE es “colocar a gente que el presidente ejecutivo Pedro Pablo Quirós pueda manipular, pues en algunos casos se trata de personas que no conocen bien el sector público, buscan tener un consejo directivo neófito en la materia”. El criterio de Luis Baudrit, director de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la UCR, es que desde el momento en que quedó algún puesto vacante, se debió nombrar a personas de acuerdo con el sistema establecido por la nueva ley, “pero no se aprovechó para conformar la junta directiva y entonces podría darse una violación a la ley”. En su opinión, la mala integración de un órgano colegiado puede ser causa de nulidad de todo lo decidido. “Con sólo que haya un miembro mal nombrado, se puede extender la nulidad pues tiene voz y voto”. En su opinión, el vicio de la indebida integración afecta a todo el órgano colegiado, “en el caso de una institución como el ICE, si el legislador quiso esta conformación fue en busca de especialidades y conocimiento calificado”. “Las decisiones en materia rutinaria tal vez no sean muy importantes, pero en casos de peso como las licitaciones, las decisiones pueden ser cuestionadas y se puede pedir la nulidad por la mala integración de la junta directiva”, señaló. Baudrit, sin embargo, criticó la ley por considerar que más que una junta directiva que toma decisiones sobre las políticas de la institución, “más bien parece una especie de junta administradora, pero hay que respetar lo que dice la ley y si el órgano está mal integrado, las decisiones son nulas”. Al preguntársele sobre el futuro que una denuncia legal al respecto pueda tener al plantear la validez de los actos de la junta directiva, consideró que, en estos casos, a la hora de acudir a un tribunal del Poder Judicial, “la tendencia es la conservación del acto, normalmente sólo los anulan si se determina que hubo un perjuicio real”, aunque insistió en que “los vicios en nombramiento sí pueden dar al traste con una decisión”. “En un tribunal colegiado aplica el mismo principio, por un juez mal nombrado se puede anular una decisión. Si la ley establece ciertos requisitos, fue por algo y se debe respetar, se trata de cargos de responsabilidad”, manifestó.      SERÁN LOS NUEVOS NOMBRAMIENTOS... UNIVERSIDAD buscó una posición institucional desde el ICE sobre el tema, de manera que a la oficina de prensa de la institución se enviaron las siguientes preguntas: ¿Han habido renuncias en la Junta Directiva desde que entró en vigencia la ley, de manera que se tuvo oportunidad de cumplir con el perfil profesional de los nombramientos que exige la reforma introducida por la Ley 8660? ¿Por qué se ha desatendido el mandato legal? ¿No teme la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva que el hecho de la mala conformación de ese cuerpo colegiado vicie de nulidad las decisiones que ha tomado? La respuesta que se obtuvo vino de parte de Federico Chacón, secretario del consejo directivo de la institución, quien manifestó que los nombramientos de ese órgano colegiado “los hace el Consejo de Gobierno, al momento de la promulgación de la ley 8660 ya se contaba con un Consejo Directivo debidamente nombrado, cuya constitución se hizo conforme al decreto ley 449 y la Ley de Integración de Juntas Directivas de Instituciones Autónomas, No. 4646”. Añadió que “cada nuevo acuerdo de nombramiento

MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DENUNCIA

La Municipalidad esta incumpliendo gravemente con un fallo de la Sala IV que le exige la elaboración de un Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeologica para el Cantón desde agosto del 2008..."" advierte don Nicolás Boeglin 

Muchas gracias Plan Regulador Sto Dgo. . Como  indicado el suscrito durante la sesion de pregunta en la Presentacion del PR el pasado Sabado 6 de marzo, la Municipalidad esta incumpliendo gravemente con un fallo de la Sala IV que le exige la elaboración de un Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeologica para el Cantón desde agosto del 2008 previo a ordenar el desarrollo urbano del Cantón.

 

El informe elaborado por el geologo Allan Astorga que se adjunto al PR y que se envio a la SETENA (segunda filmina) , titulado "Evaluacion  de la vulnerabilidad acuifera y del uso de tanques escepticos en el canton de Sto Dgo"  NO ES un mapa de vulnerabilidad hidrogeologica

 

En efecto, los mapas de vulnerabilidad hidrogeologica deben seguir las directrices de SENARA recientes, a las que no se adecúa este estudio. Además, estos mapas permiten definir con base en varios factores como es la profundidad del agua, el tipo de acuífero, sus características (recarga, flujo, etc...) y las de las capas superiores y otros factores, de manera a saber qué tanto es vulnerable el recurso hídrico.Los tanques sépticos son únicamente una de las tantas fuentes de contaminación a los acuíferos, pero hay muchísimas más, como bien se sabe. Es unicamente con un MAPA DE VULNERABILIDAD HIDROGEOLOGICA que se puede a ciencia cierta ordenar la localización de urbanizaciones, condominios, industrias contaminantes, depósitos de materiales químicos, estaciones de servicio, etc, que son amenazas a la contaminación de los acuiferos. 

Dado que a todas luces, la Municipalidad  en mas de año y medio (la sentencia es del 6 de agosto del 2008) no ha  cumplido a cabalidad conm este requisito previo a cualquier ordenamiento territorial, pese a nuestras advertencias desde hace ya varios años, vamos a tener que hacerles llegar un recordatorio desde la misma Sala IV..

 

Muy cordialmente

 

Nicolas Boeglin

¿Qué está pasando en Panamá?

Fuente: http://informa-tico.com/index.php?scc=articulo&edicion=20100405&ref=05-04-100005

El empobrecimiento sistemático de los panameños producto de estas políticas que aplauden los "barones asaltantes" , debe formar parte de lo que sus estrategas militares llaman "daños colaterales".

Marco GandáseguiCon la publicidad acostumbrada, se reunieron en Panamá [el 24 de marzo] 200 empresarios del más alto nivel internacional para celebrar que el país se presta para toda clase de negocios, sean especulativos, sin fundamento y destinados a empobrecer aún más las arcas nacionales. La vedette del "show" de magnates fue David Rockefeller, heredero emblemático de quizás la familia más relacionada con la era de los "barones asaltantes" (Robber Barons).

En el evento denominado "Panama: It´s Happening", el presidente Ricardo Martinelli reiteró la promesa que le hizo a los jefes de Estado en las Naciones Unidas el año pasado: "Panama is open for business" (Panamá esta a sus órdenes para hacer negocios). El presidente, además, se comprometió públicamente a cambiar la legislación minera para atraer capital y explotar los recursos existentes en el país. Según un diario de la localidad, "el mandatario panameño aseguró que Corea desea invertir en la industria minera y si para ello se necesita cambiar el Código Minero... con mucho gusto cambiamos (la ley)". Martinelli agregó que quería que "el gobierno coreano desarrolle esa mina (de cobre de cerro Colorado en la comarca Ngobe Buglé)".

Una empresa coreana compró hace pocas semanas el 20 por ciento de Petaquilla, que explota una mina de cobre en el sector de Coclesito. Las técnicas de la empresa coreana son iguales o peores que las utilizadas por las mineras norteamericanas cuando explotan yacimientos a cielo abierto en el llamado mundo subdesarrollado.

En vez de afirmar que algo está pasando en Panamá - "It's Happening in Panama" - los empresarios, con Rockefeller a la cabeza, debieron haberse preguntado ¿qué está pasando en Panamá? Podrían haber invitado a la ministra de Educación para que les informara sobre la crisis en ese sector. O a la ministra de Trabajo para que explicara cómo el gobierno ha decidido cerrarle la puerta a los trabajadores que quieren organizar sus sindicatos.

También podría haber invitado al ministro de Relaciones Exteriores para que presentara el plan de apoyo panameño a Israel para anexar la ciudad de Jerusalén. O al ministro de Economía para que les diera una charla de cómo apropiarse de 400 millones de dólares pertenecientes a los asegurados del país.
Mejor aún, los organizadores junto con el gobierno nacional, debieron haber invitado a la embajadora de EE.UU. en Panamá para que les analizara la creciente amenaza a la seguridad nacional que representa el crimen organizado en el país. Un alto funcionario norteamericano declaró que Panamá tiene que organizar su ejército para luchar junto con Colombia contra traficantes y terroristas. De paso, Panamá debería comprarle a EE.UU. armas nuevas, servicios de asesoría militares y equipos de espionaje.

En un seminario sobre "El narcotráfico y la delincuencia organizada y su impacto en el sector empresarial", organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), la Embajada de EE.UU. denunció que Panamá estaba en manos del crimen organizado. Comparó a las ciudades de Panamá y Nueva York. Mientras que en Panamá, la tasa de homicidos es de 35 por cada cien mil habitantes, en la "Gran Manzana" es de sólo 5.7 por cada cien mil.

Es probable que Rockefeller y los empresarios que lo acompañaron a Panamá están bien informados y no necesitan conocer los datos. El empobrecimiento sistemático de los panameños producto de estas políticas que aplauden los "barones asaltantes", debe formar parte de lo que sus estrategas militares llaman "daños colaterales".