Una prensa incomoda o una prensa complaciente, una prensa fuerte o una prensa débil, una prensa comprable o una prensa digna, una prensa critica o una prensa light?- Raúl Silesky, Presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica
COMUNICADO DE PRENSA No 01
DESDE CUALQUIER ESCRITORIO
DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
SE DENIEGAN PERMISOS O LICENCIAS
DE FUNCIONAMIENTO
Una violenta y grave violación a la libertad de prensa y a la libertad de expresión se ha presentado de manera continuada y sin el menor empacho durante un año ya, por parte de la Municipalidad del Cantón Central de Heredia.
Todo esto se da, cuanto este Gobierno local se ha negado a dar respuesta a la solicitud de entrega de nuestros permisos de funcionamiento correspondientes, solicitados con la finalidad de instalar dentro de un nuevo proyecto en marcha, las nuevas oficinas de los periódicos regionales Actualidad, donde se incluye para la provincia herediana, el Periódico Actualidad Herediana.
La situación se torna aun más conflictiva y grave por cuanto funcionarios de dicha comuna, propiamente de la Dirección Operativa, encargada de la autorización de dichos permisos municipales, mostrando una conducta impropia de todo funcionario público, se negaron en primera instancia a entregar a nuestros personeros los documentos que señalaban el porque de dicha negativa, alegando los mismos el no estar obligados a entregarlos, violentado con este acto y en primera instancia dentro de la cadena violatoria a la Ley General de Administración Pública.
Junto a ello tenemos que a la fecha el Consejo Municipal de dicha Comuna, una vez que fue elevado a conocimiento de esta por ser del ámbito de sus competencias, no ha dado respuesta luego de un año, a nuestra reiterada solicitud de la concesión de los permisos antes mencionados.
Esto y pesar de poner de conocimiento de los mismos de las serias irregularidades detectadas tanto en el procedimiento seguido con nuestra solicitud, como de otras anomalías comprobadas y bajo documentos relacionadas con el actuar de la Dirección Operativa de dicha Municipalidad, como un todo.
Olvidaron dichos funcionarios, que es un imperativo constitucional el que los procedimientos administrativos sean prontos, oportunos y cumplidos en aras de valores constitucionales trascendentales como la seguridad y la certeza jurídicas de la que son acreedores todos los administrados de este país.
Olvidaron estos funcionarios municipales que precisamente por lo anterior, los procedimientos administrativos se encuentran claramente señalados en una serie de principios de profunda raigambre constitucional, tales como lo son los de prontitud y oportunidad (Articulo 41 de la Constitución Política), Artículos 225, párrafo Primero y 269, párrafo Primero de la Ley General de Administración Pública, eficacia y eficiencia (Artículos 140, inciso 8, de la Constitución Política, 4to., 225, párrafo 1ero, y 269 párrafo 1er. de la Ley General de Administración Pública), simplicidad y economía procedímentales (Articulo 269, párrafo1ero, ibidem).
Es innegable por lo tanto, que estos principios rectores de los procedimientos administrativos, le imponen a los entes públicos la obligación imperativa de substanciarlos dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, es decir, sin retardos graves e injustificados para evitar una lesión grave a los administrados, como en nuestro caso; por el transcurrir de un tiempo excesivo e irrazonable.
El privilegio sustancial y posicionad de las administraciones públicas, denominado autotutela declarativa y que, a la postre, constituye en una pesada carga para los administrados, no debe invertirse como en nuestro caso y ser aprovechado por los funcionarios públicos.
Con la evidente intensión de causar una lesión antijurídica al administrado por y con la prolongación innecesaria de los procedimientos administrativos a ser aplicados a solicitud expresa de un ciudadano.
Evidente, claro y debidamente respaldado podemos afirmar hoy día, que los funcionarios que han tenido en sus manos nuestra legítima solicitud, violentaron uno a uno todos los procedimientos antes señalados y al hacerlo lo han hecho con saña, alevosía, y en un claro y virulento ataque a la libertad de prensa y de expresión a ser ejercida por este medio de comunicación en la provincia de Heredia.
Como ejemplo de esta desigualdad ante la ley en la que nos tiene sometidos la Municipalidad de Heredia, podemos señalar que los funcionarios de la misma, contrario a como han actuado con nosotros, si han otorgado a otras personas en el transcurrir del año 2009 e incluso ya en 2010, permisos o licencias de funcionamiento para la instalación de otros negocios a tan sólo 40, 80 y 100 metros en unos casos, del inmueble propiedad de esta empresa periodística. Sin dejar de mencionar que dentro de estos se encuentra un enorme edificio que alberga un Call Center que recién acaba de abrir sus puertas a 120 metros de nuestro inmueble y el cual les brinda trabajo a más de dos mil personas de la zona.
Cada vez es más obvio, que la legitimidad de nuestro funcionamiento como medio de comunicación regional en Heredia, no puede basarse en decisiones antojadizas de funcionarios municipales.
Legitimidad constitucional que ha encontrado el irrespeto de estos burócratas a nuestros derechos fundamentales claramente contenidos en nuestra Constitución Política, así como la violación e inobservancia continuada de la Ley de Administración Pública y la Ley de Control Interno, entre tantas otras cosas, lo cual ha dado como resultado; que al transcurrir un año de nuestra solicitud inicial, a la fecha el silencio es lo único que tenemos como certeza clara de parte de los mismos.
Eso sí ha sido característica de la administración municipal el estar subiéndole y bajándole el ruedo a las normas y procedimientos municipales aplicados ante nuestra solicitud aplicándolos los mismos de acuerdo a sus intensiones e intereses, y usando como negativa todo tipo de artilugios sacados de la manga, unos más sutiles que otros.
Más emitidos todos desde los escritorios de burócratas municipales heredianos, amparándose estos en su llamada “autonomía municipal”, siendo este actuar, reiteramos, la tónica durante un año completo ya.
Es de suma importancia para la prensa y los periodistas de nuestro país, el conocer sobre la amenaza a la libertad de prensa y de expresión que existe hoy día en la provincia de Heredia y que proviene de la propia Municipalidad del lugar.
Este objetivo municipal de castigar, premiar y privilegiar a los medios de comunicación heredianos de acuerdo a la función de los mismos en relación a sus líneas editoriales y su afinidad con la clase política incrustada en dicha municipalidad, atenta gravemente contra la libertad de prensa y de expresión de nuestro país.
Nuestro medio de comunicación tiene el derecho, el compromiso y la obligación de realizar su labor de manera independiente o sea: “sin cafés de por medio”, “ni publicidad a cambio de informaciones bonitas y callar las irregularidades que dan como resultado corrupción”, “ni publicidad por amistad, filiación política, o porque les caemos bien”.
Actitud de nuestra parte con lo cual se evidencia claramente y ante quien sea, que como medio de comunicación regional somos por naturaleza reacios a pastar en rebaños y a desplazarnos en manadas.
Con esta posición y en consecuencia a nuestros principios hemos actuado durante trece años de manera tal que se evidencia rotundamente, que somos independientes y libres de presiones de cualquier especie, sean estas económicas o políticas e incluso de intereses ocultos y si bien es cierto, que la publicidad es una arma muchas veces usada de manera innoble en contra de la prensa por la clase política de nuestro país, nosotros no aceptamos condicionamientos de ninguna naturaleza de nadie, que nos hagan ceder en nuestros principios rectores y en nuestra línea editorial.
Presiones, condiciones inaceptables, requisitos municipales inexistentes y contrarios al ordenamiento jurídico, el uso de las normativas municipales en relación a la concesión de permisos municipales en beneficio de algunos y en perjuicio nuestro, dirigidos todos estos actos de manera directa e indirecta durante un año y con la clara intensión de silenciarnos en nuestra labor informativa.
Este actuar es algo intolerable y completamente incompatible con la libertad de prensa y de expresión de nuestro país.
Mañana, y de ser permitido; estas acciones municipales pueden repetirse en cualquier municipalidad de cualquier provincia de nuestro país en contra de cualquier medio de comunicación, sea este regional o nacional.
Mañana y de ser permitido, estas acciones municipales pueden darse no sólo en contra de medios regionales, sino que también en clara afectación de los medios nacionales de nuestro país, llámense estos de radio, prensa o de televisión.
Y esto es lo que hoy damos a conocer.
Esto es lo que hoy comenzamos a denunciar puntualmente y con las pruebas en la mano.
Esto es lo que respetuosamente solicitamos que transmitan a toda la sociedad costarricense dentro y fuera del país.
Esto es lo que respetuosamente le damos a conocer a todos los periodistas de este país, sean colegiados o no.
Esto es lo que le damos a conocer a los y las propietarios de medios de comunicación costarricenses.Todos por igual, pueden ser afectados en cualquier momento.
Ejemplos sobran del como nace el ataque contra la prensa:
Primero atacan, desprestigian y persiguen a los medios pequeños y luego van con los grandes, hasta que no queda ninguno con independencia. Periodistas encarcelados, exiliados o asesinados, dueños de medios de comunicación multados o exilados en el mejor de los casos. Así ha sucedido en Venezuela, Nicaragua, y Guatemala, entre otros. Y han sido todos afectados bajo el manto de la legalidad e incluso creando leyes para terminar con la libertad de prensa y de expresión en estos países.
Eso no hay que olvidarlo. Hay que tenerlo muy presente, porque no podemos creer que sólo a otros les pasará y a nosotros no. Suponer tal cosa, es pecar de ingenuidad.
Por otra parte, es un hecho debidamente documentado que todo este actuar municipal herediano, es una grave ofensa que atenta contra la libertad de expresión y de prensa de nuestro país y que violenta flagrantemente nuestra Constitución.
La denuncia de esta situación atentatoria no sólo a lo antes señalado, sino que además a nuestro derecho al trabajo, todos derechos constitucionales, será elevada dentro de un proceso ya en marcha, en las próximas horas, días y en principio a las siguientes instancias de nuestro país:
- Colegio de Periodistas de Costa Rica
- Instituto de Prensa y Libertad de Expresión- IPLEX
- Sindicato Nacional de Periodistas
- Federación Internacional de Periodistas
- Confederación Interamericana de Comunicadores Sociales
- Red de Periodistas de Costa Rica
De igual manera y por la gravedad de los hechos e irregularidades cometidas por funcionarios municipales, se procederá a denunciar a todos estos; por medio de nuestros asesores legales ante los siguientes entes:
- Ministerio Público
- Contraloría General de la República
- Procuraduría de la Ética
- Defensoría de los Habitantes
- Tribunal Supremo de Elecciones
- Corte Interamericana de los Derechos Humanos
- Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica
- Colegio de Geólogos de Costa Rica
- Colegio de Licenciados y Profesores- Colypro
- Colegio de Abogados
Esto se hará a efectos de que se investiguen a profundidad todas las irregularidades cometidas y detectadas en nuestro perjuicio, y que al actuar dentro del ámbito de sus competencias se sienten las responsabilidades del caso, toda vez que a raíz de su negativa y luego de efectuar nuestra propia investigación detectamos otras irregularidades que pondremos de manera adjunta en sede judicial.
Junto a ello se llevará este caso ante la Sociedad Interamericana de Prensa y ante a la Organización Mundial de los Defensores del Lector con asiento en los Estados Unidos, última organización de la cual formamos parte, con la finalidad de que tanto en nuestro país como fuera del mismo se solicitará quelevanten una amplia investigación, sobre esta posible violación al Derecho de Información, así como al del trabajo, derecho que se encuentra contemplado tanto en nuestra Constitución Política, como en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos.
Nos preocupa que medios regionales como los nuestros, sufran la censura de prensa, disfrazada bajo argumentos municipales pueriles, aplicando a su conveniencia en su negativa normativas sacadas de la manga del funcionario de turno y sin ningún asidero administrativo, ni lógico ni legal e incluso contra pronunciamientos que al respecto hizo en su momento de manera puntual, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, ente rector de la materia en nuestro país.
Es claro de entender que de permitirse este actuar, se inicie una ola de censura municipal a otros medios de comunicación, ya no sólo regionales, sino que nacionales ubicados en otras partes del país, poniéndole de esta manera una mordaza a la libertad de prensa y de información en nuestro país.
Grave además es, que todo esto se de, sin justificación alguna por parte de funcionarios de gobiernos locales, los cuales aplican criterios dispares a su antojo y conveniencia, en detrimento de los medios de comunicación.
Por tercera vez en un año, cambian las razones que esgrimen en sus negativas, se escudan ahora y en esta oportunidad en su llamada autonomía municipal, la cual según ellos les faculta para que las leyes, decretos, normas y demás de aplicación lógica dentro de un país de derecho como lo es Costa Rica, no sean para ellos vinculantes.
Es evidente que en nuestro caso, para el Consejo Municipal de la Municipalidad de Heredia, las leyes son vinculantes para ellos cuando les convienen y sirven a su intensión de silenciarnos, más no son de aplicación vinculante, cuando lasa mismas confirman y reafirman nuestra legítima solicitud.
Sobran las palabras entonces.
Todas estas situaciones municipales anómalas, se están presentando, reiteramos; debido a trámites burocráticos cantinflescos y requisitos que no se no contemplan en el ordenamiento ni municipal ni jurídico costarricense, pero aplicados en nuestra contra; de acuerdo a los criterios inexplicables y contradictorios de los jerarcas de turno, en una municipalidad que actúa de manera contraria a lo que la ley señala al respecto y que omite el cumplimiento de esta por conveniencia de los mismos.
Violentándose de esta manera entre otras cosas, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Resolución 104 de la UNESCO, junto a leyes, decretos, normas y pronunciamientos de la Sala Constitucional al respeto y de aplicación en nuestro país.
Estaremos informando de manera continua por este medio de las acciones a seguir por nuestra parte tanto dentro del país como fuera de éste, en defensa de nuestro derecho del ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, unido al derecho constitucional del trabajo claramente contemplado en nuestra Carta Magna.
Es todo
7 de abril de 2010
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Guisela Arce Solís
Directora Administrativa
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