No cumplen con requisitos de ley: Conformación del Consejo Directivo del ICE podría ser ilegal

Situación podría implicar nulidad de acuerdos tomados por ese cuerpo colegiado, como el referido a la cesión del espectro radioeléctrico de la institución. El Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no cumple con la conformación que para ese cuerpo colegiado explicita la ley, lo cual podría dar al traste con acuerdos tomados, inclusive el traspaso de la porción del espectro radioeléctrico que originalmente había sido concedida a la institución. Así lo explicaron varias fuentes consultadas por UNIVERSIDAD tras comprobarse que esa junta directiva consta de un abogado más de lo que dispone la ley. Leda Zamora, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), opinó que se trata de una “situación irregular que violenta la ley y los actos emitidos por este órgano podrían estar viciados de nulidad”. Jorge Arguedas, presidente de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Telecomunicaciones (ANTTEC), explicó que “si el consejo directivo es ilegal, sus acuerdos también y con ello los temas de la frecuencia radioeléctrica y unas reestructuraciones que perjudican a los trabajadores directamente”. Cabe recordar que la junta directiva del ICE acordó ceder parte de las frecuencias radioeléctricas en $7 millones, a fin de que puedan ingresar al país empresas multinacionales de telecomunicaciones y puedan vender el servicio de telefonía celular. POSIBLE NULIDAD Desde agosto del 2008 fue promulgada la Ley 8660, conocida como Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. En su artículo 43 incluyó una reforma al artículo 10 de la Ley 449, Creación del Instituto Costarricense de Electricidad. Esa reforma tuvo que ver con la conformación de la junta directiva de la institución y especifica que, además del presidente ejecutivo,  “tres directores serán ingenieros, con especialidad o experiencia profesional en telecomunicaciones o electricidad; uno, licenciado en Ciencias Económicas con el grado de maestría en Administración; uno, licenciado en Informática, con especialidad en Telemática y otro, licenciado en Derecho, con especialidad o experiencia profesional en Derecho público”. Arguedas recordó que tras diversas denuncias,  los  miembros del consejo directivo del ICE  Roberto Sasso, Félix Delgado y Bernardo Cooper renunciaron. “Las nuevas leyes especificaron la forma en que tiene que sustituirse el consejo directivo a partir del 2010, en vista de que se dieron las renuncias se debió sustituir a las personas salientes de acuerdo a la ley; sin embargo, la junta directiva del ICE hoy está compuesta por cuatro ingenieros y dos abogados, lo cual hace ilegal al consejo directivo”. Según supo UNIVERSIDAD, existe un oficio número 0012-319-2009 del 30 de noviembre del 2009, suscrito por el Secretario del Consejo Directivo del ICE, según el cual la junta directiva desde junio del año pasado fue integrada, entre otros, por los abogados Antonio Calderón Castro y Jorge Calderón Arias, quien se incorporó en ese momento. Lo anterior quiere decir que Calderón Arias habría sido integrado a la junta directiva del ICE diez meses después de la entrada en vigencia de la ley 8660 y su reforma que puntualizó la conformación de ese cuerpo colegiado con un solo abogado. Eso podría significar que la integración de la junta directiva del ICE a partir de esa fecha puede ser ilegal, por contravenir los mencionados artículos de la ley 449 y 8660 que la reformó. De esa manera, los acuerdos que el consejo directivo ha tomado bajo su actual conformación podrían ser nulos. La diputada Zamora manifestó que “en este momento no hay ningún informático, sino que hay cuatro ingenieros y dos abogados”. Añadió que desde su punto de vista ello es violatorio de la ley, “aunque se estableció un transitorio para llegar a la conformación que se especifica, en la junta directiva del ICE se han dado tres renuncias y ello se debió aprovechar para nombrar a personas de acuerdo con el perfil establecido en la Ley 8660”. Explicó que la reforma sobre la conformación específica de la junta directiva, buscó integrarla con las diferentes especialidades claves para su gestión presente y futura, como la ingeniería, el derecho público, las  ciencias económicas y la informática. “Habría una situación irregular si no se cumple con la ley y yo tendría dudas sobre la validez de la integración. Desde mi punto de vista, esto puede viciar las decisiones que se hayan tomado, pues se trata de requisitos formales establecidos por la ley que no se respetaron. El hecho es que se dieron renuncias y era necesario incorporar las especialidades que no estaban”, señaló. Por su parte, el exregulador General de la República, Leonel Fonseca, recordó que todas las juntas directivas de las instituciones del país deben cumplir con los requisitos que las leyes les impongan: “en el caso del ICE se establece un grado de especialización de sus directivos para que cumplan con sus deberes, la ingeniería es fundamental, así como las finanzas y el derecho, las tres especialidades tienen que estar presentes”. Fonseca fue directivo de la institución durante un breve periodo en el 2004, pero una medida cautelar respecto de una causa, por la cual fue recientemente absuelto, le obligó a abandonar ese puesto. “Las leyes son para cumplirlas, en este caso y en general las juntas directivas tienen una razón de ser, deberían ser un órgano superior que dicte las políticas y vigile el desempeño institucional, pero al no cumplir con los requisitos de ley se podría invalidar sus acuerdos, sucede que las juntas directivas en general han sido disminuidas y capturadas por el poder político, pasan a ser meros órganos refrendadores”, manifestó. En ese sentido, Arguedas apuntó que lo que se ha buscado en la junta directiva del ICE es “colocar a gente que el presidente ejecutivo Pedro Pablo Quirós pueda manipular, pues en algunos casos se trata de personas que no conocen bien el sector público, buscan tener un consejo directivo neófito en la materia”. El criterio de Luis Baudrit, director de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la UCR, es que desde el momento en que quedó algún puesto vacante, se debió nombrar a personas de acuerdo con el sistema establecido por la nueva ley, “pero no se aprovechó para conformar la junta directiva y entonces podría darse una violación a la ley”. En su opinión, la mala integración de un órgano colegiado puede ser causa de nulidad de todo lo decidido. “Con sólo que haya un miembro mal nombrado, se puede extender la nulidad pues tiene voz y voto”. En su opinión, el vicio de la indebida integración afecta a todo el órgano colegiado, “en el caso de una institución como el ICE, si el legislador quiso esta conformación fue en busca de especialidades y conocimiento calificado”. “Las decisiones en materia rutinaria tal vez no sean muy importantes, pero en casos de peso como las licitaciones, las decisiones pueden ser cuestionadas y se puede pedir la nulidad por la mala integración de la junta directiva”, señaló. Baudrit, sin embargo, criticó la ley por considerar que más que una junta directiva que toma decisiones sobre las políticas de la institución, “más bien parece una especie de junta administradora, pero hay que respetar lo que dice la ley y si el órgano está mal integrado, las decisiones son nulas”. Al preguntársele sobre el futuro que una denuncia legal al respecto pueda tener al plantear la validez de los actos de la junta directiva, consideró que, en estos casos, a la hora de acudir a un tribunal del Poder Judicial, “la tendencia es la conservación del acto, normalmente sólo los anulan si se determina que hubo un perjuicio real”, aunque insistió en que “los vicios en nombramiento sí pueden dar al traste con una decisión”. “En un tribunal colegiado aplica el mismo principio, por un juez mal nombrado se puede anular una decisión. Si la ley establece ciertos requisitos, fue por algo y se debe respetar, se trata de cargos de responsabilidad”, manifestó.      SERÁN LOS NUEVOS NOMBRAMIENTOS... UNIVERSIDAD buscó una posición institucional desde el ICE sobre el tema, de manera que a la oficina de prensa de la institución se enviaron las siguientes preguntas: ¿Han habido renuncias en la Junta Directiva desde que entró en vigencia la ley, de manera que se tuvo oportunidad de cumplir con el perfil profesional de los nombramientos que exige la reforma introducida por la Ley 8660? ¿Por qué se ha desatendido el mandato legal? ¿No teme la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva que el hecho de la mala conformación de ese cuerpo colegiado vicie de nulidad las decisiones que ha tomado? La respuesta que se obtuvo vino de parte de Federico Chacón, secretario del consejo directivo de la institución, quien manifestó que los nombramientos de ese órgano colegiado “los hace el Consejo de Gobierno, al momento de la promulgación de la ley 8660 ya se contaba con un Consejo Directivo debidamente nombrado, cuya constitución se hizo conforme al decreto ley 449 y la Ley de Integración de Juntas Directivas de Instituciones Autónomas, No. 4646”. Añadió que “cada nuevo acuerdo de nombramiento