Humor a la tica por veto de Laura Chinchilla al aumento salarial de dipu...

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HERMEZ GONZALEZ ÁLVAREZ PRESIDENTE FUNDACIÓN DERECHOS HUMANOS COSTA RIC...

Apertura de telecomunicaciones Entre la demagogia y la realidad

Gerardo Fumero Paniagua (*)

En el Diario Extra del 22/03/10 el Presidente Oscar Arias Sánchez aseguró que dejaba un ICE más sólido, fuerte y próspero, después de sus cuatro años de gobierno y, en consecuencia, mejores servicios de telecomunicaciones.

Con razón puede exaltar el Dr. Arias los logros del país en telecomunicaciones. Incluso se pudo haber hecho eco de estudios tan contundentes como los de Hernán Galperín: “El alto nivel de tarifas tiene como consecuencia un bajo nivel de asequibilidad de los servicios para los usuarios de la base de la pirámide. El único país de la región en el cual los servicios de telefonía móvil pueden considerarse asequibles para los sectores de bajos recursos es Costa Rica. En el resto, el costo de la canasta supera ampliamente el umbral del 5% de los ingresos, usualmente considerado como el umbral de capacidad de pago de los potenciales usuarios de servicios de telecomunicaciones” (Tarifas y brecha de asequibilidad de los servicios de telefonía móvil en América Latina y el Caribe, diciembre 2009).

Fruto del desarrollo social. Lo que no dice el Dr. Arias es que el ICE y sus servicios no son logros suyos, sino el cúmulo de 47 años de desarrollo social, a pesar de los últimos seis gobiernos, incluyendo dos que sí son suyos. Muy por el contrario, en su primer período presidencial (1986-1990) intentó de muchas formas vender el sector de telecomunicaciones y a Racsa. Finalmente logró regalar los servicios celulares a Millicom, que los brindó a 4.000 costarricenses de mucho dinero, a precios 700% más caros que los del ICE. Durante su segundo período (2006-2010) logró aprobar el TLC y la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642. Con fundamento en esa Ley instruyó el 22 de diciembre del 2009 el proceso de apertura (decreto No. 35646-MP-MINAET), el cual terminará precisamente con ese modelo solidario, cuyos logros-de manera demagógica e irónica- hoy utiliza a su favor.

La “apertura” y los cambios en el modelo de desarrollo que ella implica -que sí son “logros” del Dr. Arias- no podrán valorarse sino años más tarde, cuando se instalen aquí las tres transnacionales que ha procurado desesperadamente introducir al mercado, al extremo de haber pretendido -en un proceso que inició el 22 de diciembre pasado- dejarlo adjudicado el 5 de mayo del 2010, en una maratónica carrera contra el tiempo y que sin ningún sonrojo programó, inicialmente, para que concluyera tres días antes de terminar su gobierno.

La carta que el Dr. Ottón Solís le dirigiera el pasado 29 de enero quizá explique tanta premura: “…usted no solo recibió este financiamiento de campaña de sectores interesados en la apertura, sino que la promovió, y ahora pretende ser usted mismo el que firme los contratos de adjudicación de las frecuencias” (Nota PAC-CP-OS-042-10).

Menor utilización del servicio. El país se verá expuesto con la apertura a aumentos tarifarios y entonces no le quedará al pueblo de menos recursos más que conformarse con el placebo con que se han tenido que conformar los latinoamericanos pobres, con “tarjetitas de prepago”. Los resultados están documentados. Galperín señala que: “Debido a los bajos niveles de asequibilidad del servicio, el alto nivel de difusión de la telefonía móvil en la región contrasta con el bajo nivel de utilización del servicio y las persistentes brechas en la universalización hacia los sectores de menores recursos. En promedio, el usuario de telefonía móvil en América Latina y el Caribe es el que utiliza el servicio con menor intensidad de todas las regiones (116 minutos por mes), aun por debajo del usuario promedio en África (129 minutos) y muy por debajo del usuario promedio del Asia Pacífico (290 minutos)”.

Compárese el promedio del consumo en Latinoamérica -en manos de transnacionales-, 116 minutos, con los 290 minutos (julio 2009) en Costa Rica, único país aun con un modelo solidario, pero en el que, gracias a las transformaciones propiciadas por el Dr. Arias, terminaremos metidos dentro del promedio en algunos años, “logro” que con todo derecho también podrá reclamar como suyo el Dr. Arias.

*Ingeniero.

Miserable condición humana San José. Costa Rica. 09/04/2010 MP – 001-2010

Miserable condición humana 

San José. Costa Rica. 09/04/2010                                                                    MP – 001-2010

Cuánto quisiera poder pronunciarme con alegría y agradecimiento, al menos una vez, pero la realidad de los hechos supera a la novela. Este desconsolado comentario es una denuncia pública con voz quejumbrosa ante la impotencia de sentirse burlado y abusado por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que ya no es tan ‘social’ y menos aún tan ‘segura’ y el Hospital Calderón Guardia (HCG). 

Mi suplicio empezó  en el año 2002 cuando una clínica de “bienestar social” me diagnosticó una severa glaucoma que estaba destruyendo mis nervios ópticos, y como no podía cubrir el costo de la cirugía me remitieron con referencia médica al Depto. de Oftalmología del HCG. A partir de ese momento, transcurrieron 7 largos penosos años asistiendo a citas, exámenes de laboratorio, cardiogramas y rayos X, y más citas y más exámenes repetitivos hasta que se colmó mi paciencia y exploté. Cuando formé un bullicio en medios de comunicación radial y escritos, entonces y no hasta entonces, intervino la Gerencia Médica y fui operado en el Centro Oftalmológico del Hospital México en el 2008-2009. Sólo se pudo medio salvar la visión en el ojo izquierdo porque en el ojo derecho el daño era ya irreversible. ¿Qué les parece? 

Por razones de espacio me veo obligado a omitir muchos otros detalles de vital importancia, pero les garantizo que tengo en mi haber toda la documentación médica pertinente que respalda esta acusación pública. Inmediatamente después del diagnóstico de glaucoma (2002), empecé a padecer otra patología conocida como hiperplasia prostática (Urología 2003), tan grave que me han sido instaladas en diferentes ocasiones 3 sondas Foley soportando con paciencia franciscana hasta el día de hoy las muchas molestias para poder drenar la orina –con sondas o sin ellas-. Resumiendo…, llevo igual 7 penosos largos años en las mismas miserables condiciones atendiendo citas y más citas, exámenes y otra vez más exámenes repetitivos preoperatorios, y no he conseguido que me programen responsablemente una fecha para la cirugía prostática que grita a voces un anciano que redondea los 67 años de edad. ¿Será que como ya no soy un ente productivo para los intereses de la CCSS, esperan al menos que sea un cliente virtual para alguna funeraria?  

El 14 de enero del año en curso me presenté nuevamente en el Depto. de Otorrinolaringología (ORL) del HCG con una referencia médica extendida por el EBAIS de Guadalupe, donde me diagnosticaron una obstrucción en el tabique nasal, y después de los respectivos exámenes preoperatorios, una vez más para variar, saben qué…? Sí,  ¡me dieron una nueva cita médica para el 25 de agosto del año 2011! ¿…? Los comentarios por demás salen sobrando porque la evidencia delata ampliamente la ausencia de planificación, coordinación departamental y la insensibilidad de un “sistema” colapsado o fracasado. Por todo lo anterior y muchas otras cosas más, es que me permito recomendar la intervención por una Junta de Notables con sensibilidad social antes de que más asegurados inocentes se vean gravemente perjudicados por el desorden imperante.  

Hernán Calvo M. – Céd. 1-306-349 –(Firma responsable) millennium27@hotmail.es 

CC:  Gerencia Médica – CCSS

        Contraloría de Servicios – HCG

        Medios de Comunicación e Información

DESDE CUALQUIER ESCRITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA SE DENIEGAN PERMISOS O LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

      ¿Qué es mejor en una democracia:
Una prensa incomoda o una prensa complaciente, una prensa fuerte o una prensa débil, una prensa comprable o una prensa digna, una prensa critica o una prensa light?- Raúl Silesky,   Presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica
               
                     COMUNICADO DE PRENSA No 01

              DESDE CUALQUIER ESCRITORIO
         DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
        SE DENIEGAN PERMISOS O LICENCIAS
                       DE FUNCIONAMIENTO

Una violenta y grave violación a la libertad de prensa y a la libertad de expresión se ha presentado de manera continuada y sin el menor empacho durante un año ya, por parte de la Municipalidad del Cantón Central de  Heredia.

Todo esto se da, cuanto este Gobierno local se ha negado a dar respuesta a la solicitud de entrega de nuestros permisos de funcionamiento correspondientes, solicitados con la finalidad de  instalar dentro de un nuevo proyecto en marcha, las nuevas oficinas  de los periódicos regionales Actualidad, donde se incluye para la provincia herediana, el Periódico Actualidad Herediana.

La situación se torna aun más conflictiva y grave por cuanto funcionarios de dicha comuna, propiamente de la Dirección Operativa, encargada de la autorización de dichos permisos municipales, mostrando una conducta impropia de todo funcionario público, se negaron  en primera instancia a entregar a nuestros personeros los documentos que señalaban el porque de dicha negativa, alegando los mismos el no estar obligados a entregarlos, violentado con este acto y en primera instancia dentro de la cadena violatoria a la Ley General de Administración Pública.



Junto a ello tenemos que a la fecha el Consejo Municipal de dicha Comuna, una vez que fue elevado a conocimiento de esta por ser del ámbito de sus competencias, no ha dado respuesta luego de un año, a nuestra reiterada solicitud de la concesión de los permisos antes mencionados.

Esto y pesar de poner de conocimiento de los mismos de las serias irregularidades detectadas tanto en el procedimiento seguido con nuestra solicitud, como de otras anomalías comprobadas y bajo documentos relacionadas con el actuar de la Dirección Operativa de dicha Municipalidad, como un todo.

Olvidaron dichos funcionarios, que es un imperativo constitucional el que los procedimientos administrativos sean prontos, oportunos y cumplidos en aras de valores constitucionales trascendentales como la seguridad y la certeza jurídicas de la que son acreedores todos los administrados de este país.

Olvidaron estos funcionarios municipales que precisamente por lo anterior, los procedimientos administrativos se encuentran claramente señalados en una serie de principios de profunda raigambre constitucional, tales como lo son los de prontitud y oportunidad (Articulo 41 de la Constitución Política), Artículos 225, párrafo Primero y 269, párrafo Primero de la Ley General de Administración Pública, eficacia y eficiencia (Artículos 140, inciso  8, de la Constitución Política, 4to., 225, párrafo 1ero, y 269 párrafo 1er. de la Ley General de Administración Pública), simplicidad y economía procedímentales (Articulo 269, párrafo1ero, ibidem).

Es innegable por lo tanto, que estos principios rectores de los procedimientos administrativos, le imponen a los entes públicos la obligación imperativa de substanciarlos dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, es decir, sin retardos graves e injustificados para evitar una lesión grave a los administrados, como en nuestro caso; por el transcurrir de un tiempo excesivo e irrazonable.

El privilegio sustancial y posicionad de las administraciones públicas, denominado autotutela declarativa y que, a la postre, constituye en una pesada carga para los administrados, no debe invertirse como en nuestro caso y ser aprovechado por los funcionarios públicos.

Con la evidente intensión de causar una lesión antijurídica al administrado por y con la prolongación innecesaria de los procedimientos administrativos a ser aplicados a solicitud expresa de un ciudadano.

Evidente, claro y debidamente respaldado podemos afirmar hoy día, que los funcionarios que han tenido en sus manos nuestra legítima solicitud, violentaron uno a uno todos los procedimientos antes señalados y al hacerlo lo han hecho con saña, alevosía, y en un claro y virulento ataque a la libertad de prensa y de expresión a ser ejercida por este medio de comunicación en la provincia de Heredia.

Como ejemplo de esta desigualdad ante la ley en la que nos tiene sometidos la Municipalidad de Heredia, podemos señalar que los funcionarios de la misma, contrario a como han actuado con nosotros, si han otorgado a otras personas en el transcurrir del año 2009 e incluso ya en 2010, permisos o licencias de funcionamiento para la instalación de otros negocios a tan sólo 40, 80 y 100 metros en unos casos, del inmueble propiedad de esta empresa periodística. Sin dejar de mencionar que dentro de estos se encuentra un enorme edificio que alberga un Call Center que recién acaba de abrir sus puertas a 120 metros de nuestro inmueble y el cual les brinda trabajo a más de dos mil personas de la zona.

Cada vez es más obvio, que la legitimidad de nuestro funcionamiento como medio de comunicación regional en Heredia, no puede basarse en decisiones antojadizas de funcionarios municipales.

Legitimidad constitucional que ha encontrado el irrespeto de estos burócratas a nuestros derechos fundamentales claramente contenidos en nuestra Constitución Política, así como la violación e inobservancia continuada de la Ley de Administración Pública y la Ley de Control Interno, entre tantas otras cosas, lo cual ha dado como resultado; que al transcurrir un año de nuestra solicitud inicial, a la fecha el silencio es lo único que tenemos como certeza clara de parte de los mismos.

Eso sí  ha sido característica de la administración municipal el estar subiéndole y bajándole el ruedo a las normas y procedimientos municipales aplicados ante nuestra solicitud aplicándolos los mismos de acuerdo a sus intensiones e intereses, y usando como negativa todo tipo de artilugios sacados de la manga, unos más sutiles que otros.

Más emitidos todos desde los escritorios de burócratas municipales heredianos, amparándose estos en su llamada “autonomía municipal”, siendo este actuar, reiteramos, la tónica durante un año completo ya.

Es de suma importancia para la prensa y los periodistas de nuestro país, el conocer sobre la amenaza a la libertad de prensa y de expresión que existe hoy día en la provincia de Heredia y que proviene de la propia Municipalidad del lugar.

Este objetivo municipal de castigar, premiar y privilegiar a los medios de comunicación  heredianos de acuerdo a la función de los mismos en relación a sus líneas editoriales y su afinidad con la clase política incrustada en dicha municipalidad, atenta gravemente contra la libertad de prensa y de expresión de nuestro país.

Nuestro medio de comunicación tiene el derecho, el compromiso y la obligación de realizar su labor de manera independiente o sea: “sin cafés de por medio”, “ni publicidad a cambio de informaciones bonitas y callar las irregularidades que dan como resultado corrupción”, “ni publicidad por amistad, filiación política, o porque les caemos bien”.

Actitud de nuestra parte con lo cual se evidencia claramente y ante quien sea, que como medio de comunicación regional somos por naturaleza reacios a pastar en rebaños y a desplazarnos en manadas.

Con esta posición  y en consecuencia a nuestros principios hemos actuado durante trece años de manera tal que se evidencia rotundamente, que somos independientes y libres de presiones de cualquier especie, sean estas económicas o políticas e incluso de intereses ocultos y si bien es cierto, que la publicidad es una arma muchas veces usada de manera innoble en contra de la prensa por la clase política de nuestro país, nosotros no aceptamos condicionamientos de ninguna naturaleza de nadie, que nos hagan ceder en nuestros principios rectores y en nuestra línea editorial.

Presiones, condiciones inaceptables, requisitos municipales inexistentes y contrarios al ordenamiento jurídico, el uso de las normativas municipales en relación a la concesión de permisos municipales en beneficio de algunos y en perjuicio nuestro, dirigidos todos estos actos de manera directa e indirecta durante un año y con la clara intensión de silenciarnos en nuestra labor informativa.
Este actuar es algo intolerable y completamente incompatible con la libertad de prensa y de expresión de nuestro país.

Mañana, y de ser permitido; estas acciones municipales pueden repetirse en cualquier municipalidad de cualquier provincia de nuestro país en contra de cualquier medio de comunicación, sea este regional o nacional.

Mañana y de ser permitido, estas acciones municipales pueden darse no sólo en contra de medios regionales, sino que también en clara afectación de los medios nacionales de nuestro país, llámense estos de radio, prensa o de televisión.

Y esto es lo que hoy damos a conocer.
Esto es lo que hoy comenzamos a denunciar puntualmente y con las pruebas en la mano.

Esto es lo que respetuosamente solicitamos que transmitan a toda la sociedad costarricense dentro y fuera del país.

Esto es lo que respetuosamente le damos a conocer a todos los periodistas de este país, sean colegiados o no.

Esto es lo que le damos a conocer a los y las propietarios de medios de comunicación costarricenses.Todos por igual, pueden ser afectados en cualquier momento.

Ejemplos sobran del como nace el ataque contra la prensa:

Primero atacan, desprestigian y persiguen a los medios pequeños y luego van con los grandes, hasta que no queda ninguno con independencia. Periodistas encarcelados, exiliados o asesinados, dueños de medios de comunicación multados o exilados en el mejor de los casos. Así ha sucedido en Venezuela, Nicaragua, y Guatemala, entre otros. Y han sido todos afectados bajo el manto de la legalidad e incluso creando leyes para terminar con la libertad de prensa y de expresión en estos países.

Eso no hay que olvidarlo. Hay que tenerlo muy presente, porque no podemos creer que sólo a otros les pasará y a nosotros no. Suponer tal cosa, es pecar de ingenuidad.

Por otra parte, es un hecho debidamente documentado que todo este actuar municipal herediano, es una grave ofensa que atenta contra la libertad de expresión y de prensa de nuestro país y que violenta flagrantemente nuestra Constitución.

La denuncia de esta situación atentatoria no sólo a lo antes señalado, sino que además a nuestro derecho al trabajo, todos derechos constitucionales, será elevada dentro de un proceso ya en marcha, en las próximas horas, días y en principio a las siguientes instancias de nuestro país:

• Colegio de Periodistas de Costa Rica
• Instituto de Prensa y Libertad de Expresión- IPLEX
• Sindicato Nacional de Periodistas
• Federación Internacional de Periodistas
• Confederación Interamericana de Comunicadores Sociales
• Red de Periodistas de Costa Rica

De igual manera y por la gravedad de los hechos e irregularidades cometidas por funcionarios municipales, se procederá a denunciar a todos estos; por medio de nuestros asesores legales ante los siguientes entes:

• Ministerio Público
• Contraloría General de la República
• Procuraduría de la Ética
• Defensoría de los Habitantes
• Tribunal Supremo de Elecciones
• Corte Interamericana de los Derechos Humanos
• Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica
• Colegio de Geólogos de Costa Rica
• Colegio de Licenciados y Profesores- Colypro
• Colegio de Abogados

Esto se hará  a efectos de que se investiguen a profundidad todas las irregularidades cometidas y detectadas en nuestro perjuicio, y que al actuar dentro del ámbito de sus competencias se sienten las responsabilidades del caso, toda vez que a raíz de su negativa y luego de efectuar nuestra propia investigación detectamos otras irregularidades que pondremos de manera adjunta en sede judicial.

Junto a ello se llevará  este caso ante la Sociedad Interamericana de Prensa y ante a la Organización Mundial de los Defensores del Lector con asiento en los Estados Unidos, última organización de la cual formamos parte, con la finalidad de que tanto en nuestro país como fuera del mismo se solicitará quelevanten una amplia investigación, sobre esta posible violación al Derecho de Información, así como al del trabajo, derecho que se encuentra contemplado tanto en nuestra Constitución Política, como en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos.

Nos preocupa que medios regionales como los nuestros, sufran la censura de prensa, disfrazada bajo argumentos municipales pueriles, aplicando a su conveniencia en su negativa normativas sacadas de la manga del funcionario de turno y sin ningún asidero administrativo, ni lógico ni legal e incluso contra pronunciamientos que al respecto hizo en su momento de manera puntual, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, ente rector de la materia en nuestro país.

Es claro de entender que de permitirse este actuar, se inicie una ola de censura municipal a otros medios de comunicación, ya no sólo regionales, sino que nacionales ubicados en otras partes del país, poniéndole de esta manera una mordaza a la libertad de prensa y de información en nuestro país.

Grave además es,  que todo esto se de, sin justificación alguna por parte de funcionarios de gobiernos locales, los cuales aplican criterios dispares a su antojo y conveniencia, en detrimento de los medios de comunicación.

Por tercera vez en un año, cambian las razones que esgrimen en sus negativas, se escudan ahora y en esta oportunidad en su llamada autonomía municipal, la cual según ellos les faculta para que las leyes, decretos, normas y demás de aplicación lógica dentro de un país de derecho como lo es Costa Rica, no sean para ellos vinculantes.

Es evidente que en nuestro caso, para el Consejo Municipal de la Municipalidad de Heredia, las leyes son vinculantes para ellos cuando les convienen y sirven a su intensión de silenciarnos, más no son de aplicación vinculante, cuando lasa mismas confirman y reafirman nuestra legítima solicitud. 

Sobran las palabras entonces.

Todas estas situaciones municipales anómalas, se están presentando, reiteramos; debido a trámites burocráticos cantinflescos y requisitos que no se no contemplan en el ordenamiento ni municipal ni jurídico costarricense, pero aplicados en nuestra contra; de acuerdo a los criterios inexplicables y contradictorios de los jerarcas de turno, en una municipalidad que actúa de manera contraria a lo que la ley señala al respecto y que omite el cumplimiento de esta por conveniencia de los mismos.


Violentándose de esta manera entre otras cosas, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Resolución 104 de la UNESCO, junto a leyes, decretos, normas y pronunciamientos de la Sala Constitucional al respeto y de aplicación en nuestro país.

Estaremos informando de manera continua por este medio de las acciones a seguir por nuestra parte tanto dentro del país como fuera de éste, en defensa de nuestro derecho del ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, unido al derecho constitucional del trabajo claramente contemplado en nuestra Carta Magna.

Es todo
7 de abril de 2010



Contactos:           
                                  

                                  Wendy Yesca Vargas                        
                                   Relacionista Pública
                         Periódico Actualidad Herediana
                         22624667 Telefax – Redacción
                         actualidadherediana1@yahoo.es
                     
                                    

                                      Guisela Arce Solís
                                Directora Administrativa
                          Periódicos Regionales Actualidad
                                       22624667 Telefax
                           actualidadherediana1@yahoo.es

No cumplen con requisitos de ley: Conformación del Consejo Directivo del ICE podría ser ilegal

Situación podría implicar nulidad de acuerdos tomados por ese cuerpo colegiado, como el referido a la cesión del espectro radioeléctrico de la institución. El Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no cumple con la conformación que para ese cuerpo colegiado explicita la ley, lo cual podría dar al traste con acuerdos tomados, inclusive el traspaso de la porción del espectro radioeléctrico que originalmente había sido concedida a la institución. Así lo explicaron varias fuentes consultadas por UNIVERSIDAD tras comprobarse que esa junta directiva consta de un abogado más de lo que dispone la ley. Leda Zamora, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), opinó que se trata de una “situación irregular que violenta la ley y los actos emitidos por este órgano podrían estar viciados de nulidad”. Jorge Arguedas, presidente de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Telecomunicaciones (ANTTEC), explicó que “si el consejo directivo es ilegal, sus acuerdos también y con ello los temas de la frecuencia radioeléctrica y unas reestructuraciones que perjudican a los trabajadores directamente”. Cabe recordar que la junta directiva del ICE acordó ceder parte de las frecuencias radioeléctricas en $7 millones, a fin de que puedan ingresar al país empresas multinacionales de telecomunicaciones y puedan vender el servicio de telefonía celular. POSIBLE NULIDAD Desde agosto del 2008 fue promulgada la Ley 8660, conocida como Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. En su artículo 43 incluyó una reforma al artículo 10 de la Ley 449, Creación del Instituto Costarricense de Electricidad. Esa reforma tuvo que ver con la conformación de la junta directiva de la institución y especifica que, además del presidente ejecutivo,  “tres directores serán ingenieros, con especialidad o experiencia profesional en telecomunicaciones o electricidad; uno, licenciado en Ciencias Económicas con el grado de maestría en Administración; uno, licenciado en Informática, con especialidad en Telemática y otro, licenciado en Derecho, con especialidad o experiencia profesional en Derecho público”. Arguedas recordó que tras diversas denuncias,  los  miembros del consejo directivo del ICE  Roberto Sasso, Félix Delgado y Bernardo Cooper renunciaron. “Las nuevas leyes especificaron la forma en que tiene que sustituirse el consejo directivo a partir del 2010, en vista de que se dieron las renuncias se debió sustituir a las personas salientes de acuerdo a la ley; sin embargo, la junta directiva del ICE hoy está compuesta por cuatro ingenieros y dos abogados, lo cual hace ilegal al consejo directivo”. Según supo UNIVERSIDAD, existe un oficio número 0012-319-2009 del 30 de noviembre del 2009, suscrito por el Secretario del Consejo Directivo del ICE, según el cual la junta directiva desde junio del año pasado fue integrada, entre otros, por los abogados Antonio Calderón Castro y Jorge Calderón Arias, quien se incorporó en ese momento. Lo anterior quiere decir que Calderón Arias habría sido integrado a la junta directiva del ICE diez meses después de la entrada en vigencia de la ley 8660 y su reforma que puntualizó la conformación de ese cuerpo colegiado con un solo abogado. Eso podría significar que la integración de la junta directiva del ICE a partir de esa fecha puede ser ilegal, por contravenir los mencionados artículos de la ley 449 y 8660 que la reformó. De esa manera, los acuerdos que el consejo directivo ha tomado bajo su actual conformación podrían ser nulos. La diputada Zamora manifestó que “en este momento no hay ningún informático, sino que hay cuatro ingenieros y dos abogados”. Añadió que desde su punto de vista ello es violatorio de la ley, “aunque se estableció un transitorio para llegar a la conformación que se especifica, en la junta directiva del ICE se han dado tres renuncias y ello se debió aprovechar para nombrar a personas de acuerdo con el perfil establecido en la Ley 8660”. Explicó que la reforma sobre la conformación específica de la junta directiva, buscó integrarla con las diferentes especialidades claves para su gestión presente y futura, como la ingeniería, el derecho público, las  ciencias económicas y la informática. “Habría una situación irregular si no se cumple con la ley y yo tendría dudas sobre la validez de la integración. Desde mi punto de vista, esto puede viciar las decisiones que se hayan tomado, pues se trata de requisitos formales establecidos por la ley que no se respetaron. El hecho es que se dieron renuncias y era necesario incorporar las especialidades que no estaban”, señaló. Por su parte, el exregulador General de la República, Leonel Fonseca, recordó que todas las juntas directivas de las instituciones del país deben cumplir con los requisitos que las leyes les impongan: “en el caso del ICE se establece un grado de especialización de sus directivos para que cumplan con sus deberes, la ingeniería es fundamental, así como las finanzas y el derecho, las tres especialidades tienen que estar presentes”. Fonseca fue directivo de la institución durante un breve periodo en el 2004, pero una medida cautelar respecto de una causa, por la cual fue recientemente absuelto, le obligó a abandonar ese puesto. “Las leyes son para cumplirlas, en este caso y en general las juntas directivas tienen una razón de ser, deberían ser un órgano superior que dicte las políticas y vigile el desempeño institucional, pero al no cumplir con los requisitos de ley se podría invalidar sus acuerdos, sucede que las juntas directivas en general han sido disminuidas y capturadas por el poder político, pasan a ser meros órganos refrendadores”, manifestó. En ese sentido, Arguedas apuntó que lo que se ha buscado en la junta directiva del ICE es “colocar a gente que el presidente ejecutivo Pedro Pablo Quirós pueda manipular, pues en algunos casos se trata de personas que no conocen bien el sector público, buscan tener un consejo directivo neófito en la materia”. El criterio de Luis Baudrit, director de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la UCR, es que desde el momento en que quedó algún puesto vacante, se debió nombrar a personas de acuerdo con el sistema establecido por la nueva ley, “pero no se aprovechó para conformar la junta directiva y entonces podría darse una violación a la ley”. En su opinión, la mala integración de un órgano colegiado puede ser causa de nulidad de todo lo decidido. “Con sólo que haya un miembro mal nombrado, se puede extender la nulidad pues tiene voz y voto”. En su opinión, el vicio de la indebida integración afecta a todo el órgano colegiado, “en el caso de una institución como el ICE, si el legislador quiso esta conformación fue en busca de especialidades y conocimiento calificado”. “Las decisiones en materia rutinaria tal vez no sean muy importantes, pero en casos de peso como las licitaciones, las decisiones pueden ser cuestionadas y se puede pedir la nulidad por la mala integración de la junta directiva”, señaló. Baudrit, sin embargo, criticó la ley por considerar que más que una junta directiva que toma decisiones sobre las políticas de la institución, “más bien parece una especie de junta administradora, pero hay que respetar lo que dice la ley y si el órgano está mal integrado, las decisiones son nulas”. Al preguntársele sobre el futuro que una denuncia legal al respecto pueda tener al plantear la validez de los actos de la junta directiva, consideró que, en estos casos, a la hora de acudir a un tribunal del Poder Judicial, “la tendencia es la conservación del acto, normalmente sólo los anulan si se determina que hubo un perjuicio real”, aunque insistió en que “los vicios en nombramiento sí pueden dar al traste con una decisión”. “En un tribunal colegiado aplica el mismo principio, por un juez mal nombrado se puede anular una decisión. Si la ley establece ciertos requisitos, fue por algo y se debe respetar, se trata de cargos de responsabilidad”, manifestó.      SERÁN LOS NUEVOS NOMBRAMIENTOS... UNIVERSIDAD buscó una posición institucional desde el ICE sobre el tema, de manera que a la oficina de prensa de la institución se enviaron las siguientes preguntas: ¿Han habido renuncias en la Junta Directiva desde que entró en vigencia la ley, de manera que se tuvo oportunidad de cumplir con el perfil profesional de los nombramientos que exige la reforma introducida por la Ley 8660? ¿Por qué se ha desatendido el mandato legal? ¿No teme la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva que el hecho de la mala conformación de ese cuerpo colegiado vicie de nulidad las decisiones que ha tomado? La respuesta que se obtuvo vino de parte de Federico Chacón, secretario del consejo directivo de la institución, quien manifestó que los nombramientos de ese órgano colegiado “los hace el Consejo de Gobierno, al momento de la promulgación de la ley 8660 ya se contaba con un Consejo Directivo debidamente nombrado, cuya constitución se hizo conforme al decreto ley 449 y la Ley de Integración de Juntas Directivas de Instituciones Autónomas, No. 4646”. Añadió que “cada nuevo acuerdo de nombramiento

MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DENUNCIA

La Municipalidad esta incumpliendo gravemente con un fallo de la Sala IV que le exige la elaboración de un Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeologica para el Cantón desde agosto del 2008..."" advierte don Nicolás Boeglin 

Muchas gracias Plan Regulador Sto Dgo. . Como  indicado el suscrito durante la sesion de pregunta en la Presentacion del PR el pasado Sabado 6 de marzo, la Municipalidad esta incumpliendo gravemente con un fallo de la Sala IV que le exige la elaboración de un Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeologica para el Cantón desde agosto del 2008 previo a ordenar el desarrollo urbano del Cantón.

 

El informe elaborado por el geologo Allan Astorga que se adjunto al PR y que se envio a la SETENA (segunda filmina) , titulado "Evaluacion  de la vulnerabilidad acuifera y del uso de tanques escepticos en el canton de Sto Dgo"  NO ES un mapa de vulnerabilidad hidrogeologica

 

En efecto, los mapas de vulnerabilidad hidrogeologica deben seguir las directrices de SENARA recientes, a las que no se adecúa este estudio. Además, estos mapas permiten definir con base en varios factores como es la profundidad del agua, el tipo de acuífero, sus características (recarga, flujo, etc...) y las de las capas superiores y otros factores, de manera a saber qué tanto es vulnerable el recurso hídrico.Los tanques sépticos son únicamente una de las tantas fuentes de contaminación a los acuíferos, pero hay muchísimas más, como bien se sabe. Es unicamente con un MAPA DE VULNERABILIDAD HIDROGEOLOGICA que se puede a ciencia cierta ordenar la localización de urbanizaciones, condominios, industrias contaminantes, depósitos de materiales químicos, estaciones de servicio, etc, que son amenazas a la contaminación de los acuiferos. 

Dado que a todas luces, la Municipalidad  en mas de año y medio (la sentencia es del 6 de agosto del 2008) no ha  cumplido a cabalidad conm este requisito previo a cualquier ordenamiento territorial, pese a nuestras advertencias desde hace ya varios años, vamos a tener que hacerles llegar un recordatorio desde la misma Sala IV..

 

Muy cordialmente

 

Nicolas Boeglin

¿Qué está pasando en Panamá?

Fuente: http://informa-tico.com/index.php?scc=articulo&edicion=20100405&ref=05-04-100005

El empobrecimiento sistemático de los panameños producto de estas políticas que aplauden los "barones asaltantes" , debe formar parte de lo que sus estrategas militares llaman "daños colaterales".

Marco GandáseguiCon la publicidad acostumbrada, se reunieron en Panamá [el 24 de marzo] 200 empresarios del más alto nivel internacional para celebrar que el país se presta para toda clase de negocios, sean especulativos, sin fundamento y destinados a empobrecer aún más las arcas nacionales. La vedette del "show" de magnates fue David Rockefeller, heredero emblemático de quizás la familia más relacionada con la era de los "barones asaltantes" (Robber Barons).

En el evento denominado "Panama: It´s Happening", el presidente Ricardo Martinelli reiteró la promesa que le hizo a los jefes de Estado en las Naciones Unidas el año pasado: "Panama is open for business" (Panamá esta a sus órdenes para hacer negocios). El presidente, además, se comprometió públicamente a cambiar la legislación minera para atraer capital y explotar los recursos existentes en el país. Según un diario de la localidad, "el mandatario panameño aseguró que Corea desea invertir en la industria minera y si para ello se necesita cambiar el Código Minero... con mucho gusto cambiamos (la ley)". Martinelli agregó que quería que "el gobierno coreano desarrolle esa mina (de cobre de cerro Colorado en la comarca Ngobe Buglé)".

Una empresa coreana compró hace pocas semanas el 20 por ciento de Petaquilla, que explota una mina de cobre en el sector de Coclesito. Las técnicas de la empresa coreana son iguales o peores que las utilizadas por las mineras norteamericanas cuando explotan yacimientos a cielo abierto en el llamado mundo subdesarrollado.

En vez de afirmar que algo está pasando en Panamá - "It's Happening in Panama" - los empresarios, con Rockefeller a la cabeza, debieron haberse preguntado ¿qué está pasando en Panamá? Podrían haber invitado a la ministra de Educación para que les informara sobre la crisis en ese sector. O a la ministra de Trabajo para que explicara cómo el gobierno ha decidido cerrarle la puerta a los trabajadores que quieren organizar sus sindicatos.

También podría haber invitado al ministro de Relaciones Exteriores para que presentara el plan de apoyo panameño a Israel para anexar la ciudad de Jerusalén. O al ministro de Economía para que les diera una charla de cómo apropiarse de 400 millones de dólares pertenecientes a los asegurados del país.
Mejor aún, los organizadores junto con el gobierno nacional, debieron haber invitado a la embajadora de EE.UU. en Panamá para que les analizara la creciente amenaza a la seguridad nacional que representa el crimen organizado en el país. Un alto funcionario norteamericano declaró que Panamá tiene que organizar su ejército para luchar junto con Colombia contra traficantes y terroristas. De paso, Panamá debería comprarle a EE.UU. armas nuevas, servicios de asesoría militares y equipos de espionaje.

En un seminario sobre "El narcotráfico y la delincuencia organizada y su impacto en el sector empresarial", organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), la Embajada de EE.UU. denunció que Panamá estaba en manos del crimen organizado. Comparó a las ciudades de Panamá y Nueva York. Mientras que en Panamá, la tasa de homicidos es de 35 por cada cien mil habitantes, en la "Gran Manzana" es de sólo 5.7 por cada cien mil.

Es probable que Rockefeller y los empresarios que lo acompañaron a Panamá están bien informados y no necesitan conocer los datos. El empobrecimiento sistemático de los panameños producto de estas políticas que aplauden los "barones asaltantes", debe formar parte de lo que sus estrategas militares llaman "daños colaterales".

La epidemia de las sotanas Por Manuel Vólquez El autor es periodista La Iglesia Católica se encuentra nueva vez en el centro de la tormenta por los escándalos detonados a raíz de renuncias recientes en las que se ven involucrados sacerdotes vinculados a acciones de pedófilias. Se trata de un capítulo reeditado, puesto que hace tiempo que los curas están abusando sexualmente de niños, incluyendo a menores sordomudos que ha confiado su fe en esas fieras con sotanas que utilizan el nombre de Dios para violar menores de edad.

La aparición de una suerte de manual del cura pedófilo y nuevas denuncias por abusos sexuales por parte de sacerdotes en Brasil volvió a poner en escena uno de los secretos más guardados del. Vaticano, que han puesto en apuro al Papa Benedicto XVI a quien se acusa de ocultar esas aberraciones y ser el mayor pecador de la Iglesia, en tanto otros entienden que es el precursor en la denuncia de los escándalos de esa naturaleza.

Lo cierto es que la Iglesia Católica va en picada a causa de una minoría de sus miembros que sienten una pasión desenfrenada por los niños. En este caso no se puede generalizar, involucrando a todos los sacerdotes, pero es preocupante lo que está ocurriendo. Sólo en Brasil, en los últimos años han sido denunciados 1.700 sacerdotes por abusar de niños y adolescentes.

El padre Edson Ives dos Santos, que a los 64 años era un santo varón para las beatas brasileñas que se postraban ante el confesionario, reconoció que planificaba su aberrante liturgia en base al “Manual del Cura Pedófilo”, un cuadernillo que circula desde hace meses entre los sacerdotes que se dedican a esa condenable faena.

Otro reconocido pedófilo es Berbard Law, Arzobispo de Boston, quien a pesar de evidenciarse que abusó de los menores, el Vaticano lo protegió, como ha estado sucediendo con otros curas.

El último escándalo de pedofilia sacerdotal ocurrido en Brasil volvió a poner en el centro de la escena una mancha que desde el Vaticano se intenta tapar por los siglos de los siglos. El escándalo no es exclusivo de Brasil, sino que ha sacudido por etapas en las diócesis católicas de España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Polonia, Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, México, Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Argentina, Chile, pero la Iglesia esconde y minimiza el problema, que al parecer ya es institucional.

El cardenal prefecto de la Congregación para el Clero del Vaticano, el brasileño Claudio Hummes, ha calificado la pedofilia como un crimen terrible y reconoce que afecta al 4% de los sacerdotes, asumiendo la idea que en el mundo hay alrededor de medio millón de sacerdotes católicos. Estima que son unos 20.000 los implicados en casos de estas características.

En una entrevista concedida a la revista religiosa Vida Nueva, Hummes señala que la Iglesia no puede cerrar los ojos ante este problema. Asimismo, recalca que no hay sitio en el ministerio sacerdotal para las personas que han cometido estos crímenes. Hummes también aborda la cuestión del celibato, que un porcentaje importante de sacerdotes no cumple con ese requisito. Yo entiendo que se debe abolir el celibato y permitir a los curas constituirse en pareja con una mujer, aunque en la práctica esa prohibición muchas veces no se cumple.

Si como se predica entre los cristianos, la religión Católica es la única religión revelada por Dios, dejando a un lado las demás religiones, monoteístas y politeístas, cristianas y no-cristianas, anteriores y posteriores a Cristo, más razón tendría El Vaticano para poner la casa en orden. Y deben actuar rápido porque a lo interno de esta legendaria institución se cuece un acelerado procedo de degeneración que espanta.

La situación del Papa Benedicto XVI es delicada, pues tiene la responsabilidad de imponer disciplina a como dé lugar para evitar que la Iglesia Católica colapse y se desmorone en término moral y ético, pues ya había sido criticado como líder de la Iglesia tras la publicación de informaciones sobre cientos de casos de pedofilia en el seno del clero encubiertos durante décadas por su jerarquía. De nuevo recibe los dardos de la crítica internacional. Según el diario New York Times, en 1996, cuando dirigía la Congregación por la Doctrina de la Fe, a cargo de los problemas de este tipo en el clero, Joseph Ratzinger (así se llama el Papa) evitó sancionar a un religioso estadounidense acusado de repetidas violaciones a 200 niños sordos.

La credibilidad de la Iglesia Católica está bajando en forma aceleradaza. Una buena parte de su matrícula no obedece los mandatos del Papa. Un sondeo realizado por la revista alemana Stern registra que el 17% de los alemanes afirma confiar en la Iglesia católica (contra 29% a finales de enero) y 24% en el Papa (38% en enero). En algunos casos, el juicio es extremadamente severo. Este Papa al parecer es muy tolerante, pues a pesar de las evidencias que le han aportado sobre el comportamiento inadecuado de los sacerdotes, nadie ha sido sancionado ni expulsado de la Iglesia. (Fuente: Pedofilia en la Iglesia, edición Planeta Sedna, google.com).

¿Por qué no hay sanciones? La ola de escándalos de pedofilia en el clero católico de Europa sigue creciendo y con ella las denuncias de las víctimas de abusos sexuales, que ahora amenazan a la iglesia italiana y sus 50,000 sacerdotes.

La epidemia de las sotanas ya es un fenómeno social que se expande por el mundo; también crece a la velocidad de un rayo la desconfianza en los feligreses frente a la Iglesia Católica. Mientras tanto, cuidemos a nuestros niños de esos degenerados ataviados con sotanas.

Aumenta desventaja salarial entre hombres y mujeres de Costa Rica

La diferencia salarial entre hombres y mujeres en Costa Rica aumentó 75 por ciento de 1996 a 2008, informó el día 21 el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). De acuerdo con el estudio elaborado por el Inamu, la brecha económica entre ambos géneros pasó de 15 a 26 por ciento durante el periodo 1996-2008, situación que se atribuye a la carencia de políticas laborales con enfoque de género en Costa Rica. En la industria manufacturera y el comercio los hombres ganan 37 por ciento más en comparación con las mujeres, mientras que en los servicios domésticos es de 34 por ciento. En el empleo por cuenta propia la variación alcanza 50 por ciento, según el informe. El Inamu determinó además que la problemática es mayor en la empresa privada, ámbito en el que las mujeres reciben hasta un 33 por ciento menos por realizar las mismas funciones que un hombre. En el caso de los empleadores públicos, la diferencia salarial representa sólo 12 por ciento, como resultado de los sistemas aplicados gubernamentalmente para realizar los procesos de contratación.(Xinhua)

CONTINUA DESALETEO DE TIBURONES

 

Dr. Freddy Pacheco*

 

Aunque reconocemos el esfuerzo del coordinador de Información del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) por minimizar los hechos documentados en el filme “Sharkwater”, donde a partir de lo que ha venido sucediendo en Costa Rica se promueven acciones en contra del cruel desaleteo, sentimos que su intento se queda en eso: en un intento inefectivo por presentar un panorama inexistente.

Dejando a un lado las inconsistencias técnicas y científicas de su artículo en LA PRENSA LIBRE del 10 de noviembre, justificadas tal vez en la información recibida del
inoperante y siempre escurridizo Incopesca, aclaramos a los estimables lectores que Costa Rica no está libre del desaleteo, que la vigilancia ha demostrado ser ineficaz, que no basta con prohibir la descarga de tiburones en atracaderos privados, pues es imposible controlar la entrega clandestina de aletas, que el Incopesca no sabe cuáles o cuántas embarcaciones pescan tiburón, que es un error decir que su caza es solo incidental, que pese a las buenas intenciones de los colegas del Colegio de Biólogos, este no puede garantizar la vigilancia a que se ha comprometido; que el mundo, a partir del documental del canadiense Rob Stewart, hoy se está enterando de la otra cara del país del “Pura vida” y que cualquier texto previo a su presentación será olvidado a pocos minutos de iniciar la proyección.

Alegar que fue circunstancial que los cineastas se encontraran quizá a la única embarcación existente que a través de tantos años ha participado del cruel desaleteo no se lo cree nadie. Si así fuere, esos mismos grupos que don Mario Zaragoza cita como garantía de que se “supervisa” su pesca, no andarían de campaña en campaña solicitando firmas para pedirle al Presidente de la República detener el desaleteo (o “aleteo” como dicen ellos). La película ya ha sido exhibida en varios países y se prevé que irá a tener un impacto monumental, por lo que el vano intento por presentar una realidad diferente no se justifica.

Cuando iniciamos la lectura del artículo del funcionario del Minae en que amablemente se refiere al nuestro del 6 de noviembre (también por este prestigioso diario) por un momento creímos que se nos iba a anunciar lo que muchos esperamos: que el gobierno de Costa Rica emitiría un decreto ejecutivo prohibiendo la exportación de aletas de tiburón, medida que ha demostrado su efectividad en las islas Bahamas para erradicar, de una vez por todas, la criminal práctica del desaleteo y que serviría para dar cierto sustento a la relanzada “Paz con la Naturaleza”, que nos legara el ex presidente Abel Pacheco.

Esa, don Roberto Dobles, es la única medida que podría tener un efecto como el que se busca en pro de mitigar el daño a la imagen de Costa Rica, derivada de los hechos ilustrados en el filme. Sabemos (porque así lo hemos sentido) que algunos interesados en mantener financiamiento internacional para la realización de las citadas campañas, no ven con simpatía una acción efectiva y firme como la que proponemos. Por ello instamos a las autoridades del Poder Ejecutivo para que reflexionen sobre la propuesta, independientemente de los grupos de interés, para que valoren su factibilidad y el costo oportunidad. Ese sería un buen mensaje para la cita de la ONU de diciembre, para así tener algo que ofrecer de parte de la resucitada “Paz con la Naturaleza”, como ejemplo para la región centroamericana. Seguir en lo mismo es continuar con el “nadadito de perro” que no nos está llevando a ningún lado.


* Catedrático UNA

NOTA IMPORTANTE: En el programa “7 DIAS” del Canal 7, emitido el lunes 19 de noviembre, el señor viceministro del Minae, don Jorge Rodríguez, informó que el gobierno de la República prohibirá la exportación de aletas de tiburón.  Sin duda un triunfo importante en pro de la defensa de los tiburones torturados. Esperamos que no haya que “recoger firmas” ni financiar campañas millonarias para que efectivamente se haga realidad esa medida.
Freddy Pacheco

¡Bienvenidos al closet!

Edgar Espinoza La Costa Rica de ahora ya no mide los 51.100 kilómetros cuadrados de territorio que teníamos sus legítimos ciudadanos para respirarlos a placer, sino que, ante el asedio implacable del hampa y del crimen organizado, el espacio soberano nacional se nos ha reducido dramáticamente al metro cuadrado del closet de la casa donde hoy nos refugiamos. ••• Visto el país de afuera hacia dentro, desde que en Limón y alrededores impera la ley del puñal y la pistola, su espectacular paisaje se degradó a belleza prohibida. Igual la exuberante zona sur, hoy paraíso de mafias, droga y ajusticiamientos por cielo, mar y tierra. La norte, de llanuras afrodisíacas, tampoco se libra del secuestro frecuente, de las migraciones incontroladas desde Nicaragua y del asalto a negocios, bancos, residencias, escuelas e iglesias. Y en cuanto al idílico Guanacaste, ya hemos perdido playas suyas a las que, por seguridad, higiene y prudencia, mejor ni asomarse. ••• En medio de esta fragorosa guerra desigual de “ciudadano encerrado contra delincuente suelto”, hace tiempo nos quedamos también sin San José centro, escenario de refriegas entre pandillas sedientas de sangre fresca, de balas perdidas, de asesinatos por error, de “drogos”, de “pintas” y de toda una lotería de la muerte por más que la municipalidad la vista de seda. ••• Ni hablar de su periferia de precarios y sicarios donde nadie escatima tiros para zanjar la disputa por la baratija robada, la mujer del prójimo y la vieja rencilla, y adonde ni la Cruz Roja, ni los bomberos ni la policía misma se atreven a entrar. Ya ni siquiera la noche es nuestra para cortejar a la Luna, sino de la maleantada, ama y señora de la violencia que deja a su paso. El día aún lo es menos. En su nefasta omnipresencia, al hampa no le queda ya nada por atacar, pues hasta infiltrada tiene a la mismísima policía. ••• Hemos llegado ya a la situación de que por cada tico que trabaja honestamente, hay aquí un montón de jamaiquinos, el doble de venezolanos, oleadas de colombianos, demasiados dominicanos y quién sabe cuántos mexicanos organizados en cárteles, pandillas y sectas apoderándose del país para convertirlo, con la complicidad de jueces e instituciones, en su santuario del crimen, de la droga y de la prostitución. ••• De ahí que, atrapados como estamos entre la mafia, la incompetencia del Gobierno y el indolente Poder Judicial, nos hemos trasladado a vivir del resto de la casa al closet principal, donde gozamos al menos de ciertas ventajas estratégicas como mimetizarnos entre su natural desorden de ropa y chunches; entretenernos con naipes, crucigramas y revistas rosa; encomendarnos al santo de las causas perdidas y disfrutar de una improvisada alacena con atunes, café y galletas trotonas dado que ya ni asomarse por la ventana es posible sin que nos degüellen por un lapicero o celular achacoso. ••• De modo, compatriotas, que ya saben: nuestra mayor seguridad se reduce hoy a estar recluidos en un estrecho encierro de la casa al menos mientras don Oscar Arias, paladín de la humanidad, regresa de su triunfal misión mundial por la paz en Honduras, en Afganistán, en el Medio Oriente… www.columnistaedgarespinoza.com

Lanzan autoridades restos de camión accidentado a río en Costa Rica

 Personal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de Costa Rica lanzó hoy al río Lagarto los restos de un camión accidentado en días pasados sobre el puente que cruza el afluente, denunciaron hoy activistas ambientales.

El vehículo participó en un accidente registrado el lunes pasado, que dejó dos muertos y provocó el incendio de miles de litros de diesel transportado en un camión cisterna.

Los restos lanzados al río están contaminados con residuos del combustible, advirtió el ecologista y ex legislador Quírico Jiménez.

Ese hecho "debe ser investigado a profundidad por los jerarcas de ese ministerio", planteó Jiménez, en declaraciones reproducidas por una estación de la televisión nacional.

"Es una gran irresponsabilidad tirar los desechos de ese cisterna o del otro camión, al río Lagarto", agregó.

Parte de los restos de uno de los automotores fueron echados al río, durante el trabajo de remoción de las carbonizadas estructuras de esos dos vehículos.

El paso sobre el río Lagarto, donde ocurrió el accidente, se ubica unos 120 kilómetros al noroeste de San José, en la Carretera Interamericana

ALGO QUE USTED DESCONOCE DE OTTO GUEVARA

ANTES DE VOTAR POR OTTO GUEVARA GUTH

CANDIDATO PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO

LEA LO SIGUIENTE:

El 9 de agosto del 2003, sucedió una tragedia en la empresa POCAMAR S.A que pertenece a la familia de Otto Guevara Guth. Esta tragedia pudo evitarse, pero no tuvieron voluntad.

CARLOS ENRIQUE QUIROS ROMERO era un menor de edad de tan solo 14 años. Miembro de una familia muy pobre de Quepos, tuvo que buscar trabajo para poder ayudar a su mamá, quien se encuentra muy enferma y a su hermana mayor, que es discapacitada.

En POCAMAR lo contrataron “para ayudarle”. Así fue como lo hicieron trabajar de lunes a sábado, desde las 06:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. casi siempre pagándole un salario de ¢25,000.00 por semana, cuando en realidad le correspondían más de ¢45,430.00 de conformidad con lo que establece la legislación salarial, empezando por el Código de Trabajo.

No lo aseguraron en la CCSS, ni en el INS. Le negaron las mínimas garantías a las que tenía derecho, ni siquiera le pagaron un salario justo. Carlos debía laborar 432 horas al mes, situación que es totalmente ilegal según el Código de Trabajo, pues solo se permite laborar un máximo de 324 horas.

Carlos Enrique Quirós Romero murió el 09 de agosto del 2003, mientras trabajaba para POCAMAR S.A. Una vagoneta cargada por completo lo aplastó y arrastró por cerca de diez metros con las llantas traseras. Le arrancó una de sus piernas y lo destrozó por dentro... agonizó hasta llegar al hospital donde murió. El accidente de Carlos Enrique sucedió cuando salía de su trabajo como CHEQUEADOR DE VAGONETAS para los Guevara Guth, por el único camino que había para salir desde el río Naranjo, donde su patrón tiene o tenía una concesión para extraer materiales. Al llegar a la caseta de entrada tuvo el accidente (informe No. SRAP-328-2003 del Organismo de Investigación Judicial de Aguirre y Parrita)

Los dueños de POCAMAR, al principio alegaron que Carlos Enrique no trabajaba para ellos y negaron parte de lo sucedido, pero los informes del Organismo de Investigación Judicial y el Instituto Nacional de Seguros determinaron lo contrario. Los señores Edwin Váquez M., Steven Méndez R., Alban Peralta B., Lidieth Cortés D., Omar Fallas G., Gerardo A. Romero C., Mario Aguilar M., Florencio Méndez M., Alban Peralta B. y Guillermo Castillo M. hicieron constar que Carlos Enrique Quirós Romero laboraba para la empresa POCAMAR S.A. que su jornada era desde las 06:00 a.m. a las 10:00 p.m. como Chequeador de Vagonetas y que le pagaban un salario de ¢25,000.00 por semana, dinero que se le pagaba en efectivo sin ningún comprobante de pago.

Luego POCAMAR alegó que el accidente no se constituía en un Riesgo del Trabajo, pero nuevamente los inspectores del INS buscaron pruebas y determinaron que si lo era. Sin embargo, los Guevara Guth sostienen que no lo es y no quieren asumir su responsabilidad en esta tragedia.

Carlos Enrique era un niño al que POCAMAR explotó en una de las formas más inhumanas del trabajo infantil: se aprovecharon de su inocencia y su necesidad para hacerlo trabajar jornadas ilegales pagándole un salario por debajo del mínimo legal y ni siquiera le brindaron la menor capacitación en seguridad, misma que quizás le hubiera salvado la vida. Menospreciaron su vida al punto que ni siquiera lo aseguraron para darle la mínima protección.

Lo sucedido a Carlos Enrique no es una desgracia ajena, en nuestras familias existen muchos niños como Carlos, a quienes debemos defender de gente que primero los podría utilizar para enriquecerse y luego para levantar su imagen política diciendo cosas que no ha cumplido y no cumplirán a su favor.

Si va a votar por Otto Guevara, piense ¿qué hará él de asumir la Presidencia de la República por nuestra niñez y nuestros jóvenes? ¿Le importarán de alguna forma?

Luis Alberto Salas Sarkís

Cédula 1-560-606

A Otto Guevara Guth y a la Opinión Publica costarricense,

A Otto Guevara Guth y a la Opinión Publica costarricense,

El paraíso, Venecia, San Carlos 20/01/2010

A Otto Guevara Guth   y a la Opinión Publica costarricense, 

Humberto Arce, gerente financiero del Movimiento Libertario. No tiene ética, ni moral, ni es transparente, él es todo lo contrario, lo decimos con conocimiento de causa pues nosotros somos familias, trabajadoras de El Paraíso de Venecia, San Carlos, vecinos colindantes de la finca que tiene  Humberto Arce en las Alturas de Marsella.

Queremos decir con claridad que durante su periodo diputadil 2002-2006 el político Arce nos vio por años, construir nuestra bella comunidad campesina, después de que compramos los derechos de posesión de la Finca abandonada por Frank Farah, derechos que compramos a un señor de apellido Marín, hijo del finado don Arnoldo el antiguo mandador de la finca que murió esperando que el estadounidense regresara a pagarle salarios atrasados y otros derechos laborales. Desde entonces la posición la ejerció un hijo del difunto que luego decidió vender sus derechos posesorios a 8 parceleros.

Frank Farah, es un gringo que desapareció de Costa Rica hace más de trece años. Según certificación de Migración, Frank Farah entró a Costa Rica por última vez en Diciembre de 1997 y no se reportó nunca su salida, desde esa fecha no se ha visto en nuestro país. 

Los derechos y bienes que hemos construido en una década de trabajo y esfuerzo son casas, galerones, lecherías, repastos, cercas, árboles, frutales, caminos, agua potable, teléfonos fijos, electricidad, tenemos ocho planos catastrados desde el 2003, desde entonces pagamos, puntualmente los impuestos territoriales, y desarrollamos actividades agropecuarias en crecimiento, procurando realizarlas, en armonía con el medio ambiente, también protegemos una área con nacientes y bosques de 25 hectáreas, la finca es de 73  hectáreas y está divida en ocho parcelas.

Las familias nos dedicamos principalmente a la producción de ganado de leche, engorde y cría, algunos parceleros entregamos diariamente leche a la cooperativa Dos Pinos y la empresa SIGMA, otros también elaboramos quesos que vendemos en el mercado local, y otros al ganado de engorde. Nuestros hijos estudiantes viajan al colegio de Venecia, y los menores asisten a la escuela de Marsella. Los beneficiarios directos del trabajo en nuestras parcelas somos 40 personas entre los adultos y adolecentes, y los beneficiarios indirectos son más de 55.

A un año y medio después de su fracaso electoral en el 2006 el político Arce, con una actitud, hostil, violenta y agresiva, pretendió desalojarnos de nuestras casas y parcelas, quiso tirarnos a la calle un domingo, sin darnos tiempo de nada con una orden de desalojo policial.

Efectivamente por cínico e increíble que parezca el ex diputado Arce, famoso cuando fue diputado, por sus encendidos discursos contra la corrupción, transparencia y honestidad ,  intentó por todos los medios desalojarnos a las familias parceleras, con la perversa intención de destruir casas nuevas y viejas, además de apropiarse indebidamente de los galerones, lecherías, frutos de nuestros trabajos y esfuerzos, para esa fecha octubre del 2007 ya teníamos entre los parceleros mas de cien reses, además de cerdos, caballos y gallinas.

El 16 de mayo del 2007 el grupo de productores de El Paraíso hicimos una solicitud de intervención y apertura del caso ante el Instituto de Desarrollo Agrario IDA, por dos meses no obtuvimos respuesta alguna. Pero para sorpresa y asombro nuestro, el 9 de julio del 2007, se presentaron al IDA dos personajes políticos el ex diputado del P.U.S.C y ex presidente del C.N.P. Señor Orlando Gonzales Villalobos, también finquero colindante de los parceleros de El Paraíso, acompañado de Humberto Arce Salas, solicitando que nos declaran la vía administrativa agotada, argumentando entre otras mentiras, que nuestro grupo nunca había solicitado al IDA que declarara la existencia de un conflicto de posesión precaria de tierras.

En un caso que calificamos, de tráfico de influencias, ese mismo día dócil y complacientemente, el presidente Ejecutivo del IDA en ese año Alberto Amador, solicitó mediante un memorando fechado 9 de Julio del 2007 PE. AL 339-07 a la dirección de asuntos jurídicos que “Valore el agotamiento de la vía administrativa”. Tal como lo solicitaron, los mencionados políticos, ante semejante “Sugerencia”, efectivamente el 22 de octubre del 2007, la junta directiva del IDA” dió por agotada la vía administrativa. Precisamente ese mismo día el 22 de octubre del 2007, el juzgado agrario de San Carlos ordenó al ministerio de seguridad pública suspender el desalojo gestionado por Humberto, contra las ocho familias campesinas del Paraíso de Marsella.

A pesar de la apelación de los políticos confabulados. El tribunal Agrario del segundo circuito Judicial de San José, confirmó también la resolución de Juzgado Agrario de San Carlos, mediante voto N0148-F08, del 6 de marzo del 2008.

Recientemente los citados políticos pidieron al juzgado agrario de San Carlos la sucesión procesal o sea sacar a Frank Farah, de las demandas, que tenemos en los tribunales, para asumir sólo ellos, el proceso legal. Complaciente y extrañamente el juzgado agrario aceptó tal petición, dichosamente el tribunal agrario del segundo circuito Judicial de San José anuló esa resolución mediante voto N 0516-F08 del treinta y uno de Julio del 2008, “se rechaza la sucesión procesal debiendo el adquiriente Arce y Farah continuar su intervención”

Todo lo contrario a la transparencia que pregona Arce en sus discursos políticos, abrumándonos con un mar de dudas, se oponen obstinadamente ante el juzgado, para que no llame al señor Farah  a declarar a Costa Rica, o sea la prueba confesional, ¿Por qué, no lo sabemos? Actualmente esa batalla legal la estamos, dando en el juzgado y en los Tribunales agrarios, según dicen estos políticos confabulados Farah vive en California. Por internet descubrimos que solo en los Ángeles existen más de 20 personas con el nombre de Frank Farah, por eso nos queda una duda preocupante, que no es nada “transparente”, 

¿De todos los Frank Farah? cual fue el que le hizo el poder al ex diputado Gonzales, con el que luego le vende la finca al ex diputado Arce. 

¿Cómo aparecen estos personajes políticos violentando nuestra paz? 

A finales del 2007, inesperadamente irrumpen en la escena con un poder que presenta el ex diputado Orlando Gonzales Villalobos, hecho en el consulado de los Ángeles California; de Frank Farah a Orlando, el poder Dice “Que no puede vender, hipotecar etc.”

Con ese poder en la mano Orlando le extiende un poder a Arce para que lo represente, luego dos meses después, Gonzales presenta otro poder hecho en el consulado de los Ángeles donde dice “Que si puede vender, hipotecar etc.” 

Ya en octubre del 2007 Orlando le vende a Humberto toda la Finca de Frank Farah, en la suma risible de diez millones de colones o sea que Arce compró cien manzanas en ese monto  “Aguas turbias con arenas movedizas”, en esta región un lote para una casa vale ese monto, así registraron la “Sociedad Arce y Farah” por eso decimos contundentemente que el gerente financiero del Movimiento de Otto Guevara, no tiene ética, ni moral, ni es transparente y “La mejor forma de ayudar este país es decir las cosas a tiempo” palabras de Humberto  Arce en un debate televisivo del programa Su Voto Primero del día 14 de enero del presente mes, donde se le cuestionaba sobre la procedencia de más de $600.000, conseguidos por los Libertarios, y Humberto intentaba justificarlos

En octubre del 2007 nuestro grupo campesino dio a conocer nuestra posición, al Semanario Universidad el cual publico un resumen, cuando el periodista consultó a Humberto para conocer su posición, éste manifestó con soberbia, prepotencia y total desprecio al campesinado, que nosotros éramos “precaristas, campesinos, ignorantes, que no producíamos ni para una ensalada” y que ya él era dueño de la mitad de la propiedad.

¿Qué Clase de “Cambio Yá” Nos ofrece el movimiento de Otto Guevara con esta paloma de la Paz en el equipo asesor?

¿Qué podrá buscar Humberto Arce en ese privilegiado puesto? para nosotros campesinos de este  lugar, es claro y no tenemos duda, lo que él busca es: Poder económico y político, No vislumbramos deseos de servir a la patria sino más bien un interés de servirse con cuchara grande, procurará asegurarse un puesto público protagónico en un futuro gobierno Libertario o quizás en la asamblea legislativa de asesor parlamentario.

¡Chingo, de Honestidad y transparencia!

Señor: Otto Guevara

¿Cómo vamos a construir el futuro de Costa Rica Con esa hoja de vida de un futuro funcionario gubernamental? ¡Claro que nos asusta y nos da miedo el futuro así! 

Lo que decimos aquí es fácilmente comprobable  y está respaldado documentalmente en las ocho Demandas ordinarias que pesan contra Humberto Arce en el Juzgado Agrario de San Carlos.

 Expediente 07-000- 223-298AG, Exp. N.07-000-227-298.AG, y seis mas sucesivamente

“Y no es un asunto de Liguistas y Saprisistas, del sí o del no,  lo que está en la mesa es el futuro de nuestros hijos, de nuestras vidas, de nuestra patria”.

Atentamente

Genaro Baldi                                                        Vilmar Vargas Soto

Tel. 2472-1745

Jorge Ignacio Molina Jiménez.                            Flory Alvarado salas

Tel. 2472-1823                                                           Tel. 2472-1740

Y veinte firmas más de nuestro Asentamiento campesino El Paraíso

Posdata. 

Y una pregunta que vale oro

Don Otto y opinión pública nacional ¿Adivina, adivinador?

¿Quién tiene atrasado y paralizado Casa Máquinas? Del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 en Venecia de San Carlos, porque en asocio familiar compraron propiedades baratas para luego cobrar cifras descomunales al ICE, Favor averiguar en la gerencia de Jasec en Cartago o con el departamento legal del ICE.

 ¡AH! A lo mejor es un político que habla de transparencia y honestidad, aspirando a un puesto de un futuro gobierno, y cuando lo averigüen me avisan porque yo quiero saberlo.

¡Chingo de sorpresota nos podemos llevar! 

En el Paraíso de Venecia no tenemos dirección correo electrónico, pero nos pueden escribir a la dirección de un buen amigo, que nos facilita su correo jvargasarias@gmail.com